Académicos de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela advirtió de la violación de los derechos políticos de los venezolanos. Destacaron que la falta de independencia institucional y el control del gobierno de Nicolás Maduro sobre los órganos encargados de garantizar la justicia y la transparencia electoral son los principales obstáculos para restaurar la legitimidad política en el país.
Recordaron la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, que la consideraron ilegítima o sin validez y afirmaron que esta instancia fue convocada con el propósito de sustituir las funciones legislativas y de control de la Asamblea Nacional existente en ese momento.
Aunque esta asamblea no modificó el texto constitucional de 1999, aprobó numerosos textos que no siguieron el procedimiento constitucional regular. Entre estas decisiones, los académicos mencionan la emisión del Decreto Constituyente para la Participación en Procesos Electorales, el cual tenía como objetivo establecer la obligación de renovación de las organizaciones políticas y limitar su actividad.
Socavan la participación de María Corina Machado
Los académicos subrayaron asimismo la estrategia empleada por el chavismo para socavar la participación política de María Corina Machado, una candidata respaldada por sectores democráticos. Señalaron que, a pesar de la evidencia de un fuerte apoyo popular, las autoridades afirmaron repetidamente que sobre ella existe una inhabilitación política.
Sin embargo, los académicos dijeron que esta afirmación carece de fundamento porque no existe una sentencia condenatoria definitivamente firme ni un proceso penal en curso en su contra.
«El alegato oficialista sobre la inhabilitación política de María Corina Machado no tiene asidero desde la perspectiva del derecho administrativo, electoral o constitucional venezolano. Tampoco cumple con los artículos 29 y 30 de la Convención Americana ni con el estándar diseñado por la Corte Interamericana para garantizar la armonía de la restricción con las obligaciones convencionales de los Estados», señalaron.
Impedimento para postular a Corina Yoris
«Por si quedara duda sobre la naturaleza de los impedimentos creados contra el resultado del proceso de primarias y contra la postulación de la candidata vencedora en el mismo, los partidos políticos también se vieron impedidos por vías de hecho para postular a la Dra. Corina Yoris, titular de todos sus derechos políticos de acuerdo con el propio sistema del CNE, como sustituta de la candidata electa en las primarias», añadieron.
Los académicos, además, destacaron el bloqueo de la inscripción de cualquier candidatura que no respondiera al interés del oficialismo, en abierta manipulación del sistema. «En términos sencillos, el gobierno ha pretendido elegir a su propia oposición y al candidato de su preferencia como contrincante aparente», afirmó.
Señalaron que el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral han llevado a cabo una serie de acciones que socavan el estándar de una democracia representativa en el país.
Criticaron la voluntad evidente de limitar el funcionamiento de los partidos políticos, lo que consideran un ataque contra la democracia y el pluralismo político. Asimismo, mencionan que esta intención se hace evidente en el cronograma electoral presentado por el CNE para las elecciones presidenciales de 2024.
«Un intento de restringir la participación política»
En el cronograma, indicaron, se incluye una etapa denominada «revisión del estatus de las organizaciones con fines políticos validadas para postular», programada para llevarse a cabo entre el 11 y el 14 de marzo.
Consideraron que el proceso es un intento de restringir la participación política al poner en duda el estatus de las organizaciones políticas y limitar su capacidad para postular candidatos, lo que va en contra de los principios democráticos de participación y pluralismo político.
La Cátedra de Derecho Constitucional enviará el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Secretaría General de los Estados Americanos.
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