Los miembros de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, emitieron un comunicado este miércoles en relación a las elecciones parlamentarias realizadas el pasado 6 de diciembre y ratificaron que los resultados que dan ganador al oficialismo «fue un fraude».
En el texto aseguran que el evento estuvo signado por el desconocimiento de los valores y principios que sostienen a un Estado democrático.
«Hoy reafirmamos que no se puede analizar el caso venezolano desde una perspectiva restringida a lo constitucional, por cuanto no estamos en un régimen democrático, ni en el marco de un Estado Constitucional de Derecho», detalla el comunicado
Asimismo, señalan que hay una sistemática violación de los derechos fundamentales de los venezolanos, además de la pérdida de la soberanía nacional y una crisis humanitaria compleja que no ha podido ser contenida por ineficiencia y corrupción. «Son responsabilidad exclusiva del régimen de facto, y particularmente de quien lo encabeza: Nicolás Maduro».
En el documento denuncian también la existencia de un «Estado Forajido, pero también la de un Estado Fallido donde reina el desconocimiento de la constitucionalidad y de la legalidad, así como el irrespeto a los convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país».
«En particular, de un accionar signado por la violación de los derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad, y los valores democráticos, que se asocia a la acción de grupos internos paramilitares y grupos criminales fuera del país, en complicidad con organizaciones transnacionales dedicadas a actividades ilícitas» añade el escrito .
Además, ratificaron que la Asamblea Nacional electa por los venezolanos en diciembre de 2015 es actualmente la única institución constitucional que goza de legitimidad de origen en Venezuela. «Así ha sido reconocido por los organismos internacionales y las democracias del mundo. El resultado de ese proceso electoral fue una contundente respuesta de la sociedad que no pudo ser contenida por el ventajismo, el fraude, ni los delitos electorales amparados por el CNE y por un Poder Judicial ilegítimo de origen, parcializado y al servicio exclusivo de la tiranía».
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