En las últimas horas, la preocupación por las invasiones y la presencia del crimen organizado en Chile ha alcanzado niveles alarmantes. Los recientes hechos ocurridos en Maipú evidenciaron los desafíos que enfrenta el país en términos de seguridad y regularización de viviendas.
El hallazgo del cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en una instalación ubicada en esa comuna al sur de Santiago reavivó el debate sobre la inseguridad. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, denunció la multiplicidad de delitos que se cometen en esos campamentos, y que afectan diariamente a los vecinos, publicó Emol.
Expertos en urbanismo y seguridad advierten que la erradicación de estas invasiones es un proceso complejo y multidimensional, con el riesgo de que la criminalidad se desplace a otras zonas del país.
La situación se agrava por la posible presencia de personas vinculadas a la banda criminal del Tren de Aragua, que, a su vez, estarían involucradas en el crimen de Ronald Ojeda.
La ausencia del Estado en los campamentos los convierte en lugares propicios para la operación de grupos criminales, lo que incrementa la vulnerabilidad de los residentes, especialmente de migrantes en situación irregular, señaló el medio.
La falta de regulación estatal, expuso Emol, facilita la formación de mafias y la proliferación de actividades ilegales, como la venta y alquiler de terrenos. Además, la informalidad en la construcción y la falta de espacios comunes generan condiciones precarias de habitabilidad y aumentan el riesgo ante emergencias.
«Prostitución, droga y muerte»
De acuerdo con La Tercera, la comunidad, que describe el área como cada vez más hostil, ha reportado una creciente incidencia de violencia, prostitución y graves delitos en la invasión. Los residentes piden mayor seguridad y acciones concretas.
«Ahí hay prostitución, droga y muerte. Imagínate lo que encontraron ahora, pero ¿quién hace algo?», expresó uno de los habitantes mientras la Policía de Investigaciones realizaba las investigaciones para dar con la ubicación del cadáver de Ronald Ojeda.
El alcalde Vodanovic recordó que desde que asumió el cargo ha alertado a las instituciones del Estado por la afectación al espacio público, la seguridad y las condiciones de vida de quienes viven allí. «Hoy, poder desalojar y reubicar a esas familias es una tarea que excede con creces la capacidad legal y logística del municipio», dijo.
Según la Municipalidad, más de 600 familias, en su mayoría ciudadanos extranjeros de Haití y Venezuela, residen en el sector desde 2018, en estructuras precarias que han dado paso al hacinamiento y a condiciones de vida insalubres.