Familiares de Carlos Chancellor, exalcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, pidieron atención médica inmediata para el dirigente político, detenido desde el pasado 6 de agosto de 2024 en una alcabala de El Tigre, estado Anzoátegui.
Daniel Chancellor, hermano del político, expresó a Correo del Caroní preocupación por el deterioro de la salud de Carlos, quien padece de múltiples enfermedades crónicas.
Entre ellas, una degeneración macular que requiere inyecciones mensuales para evitar la pérdida de la visión, tinnitus persistente, diabetes, hipertensión y una masa tumoral en el cuello que impide su movilidad, le causa vértigo y podría resultar cancerosa.
El exalcalde también presenta lesiones en la frente y la espalda, cuya naturaleza aún no se ha determinado, según la denuncia.
Su familia asegura también que su condición empeora debido a la falta de atención médica especializada en El Helicoide, donde se encuentra recluido.
No cumplen orden para la atención médica de Carlos Chancellor
La familia ha llevado informes médicos al juez encargado del caso y al defensor público, solicitando atención urgente para Carlos Chancellor. Según declaraciones de sus allegados, el juez ordenó realizar los trámites necesarios para su evaluación médica, pero las autoridades no han cumplido.
«Eso fue durante la audiencia de Carlos y hasta ahora no hemos recibido ninguna atención médica ni lo han trasladado. Requiere un cirujano y un retinólogo. Nosotros podemos trasladar a los médicos allá y no dan respuesta. No se ha respetado el derecho a la vida de mi hermano”, señaló Daniel Chancellor.
Además, la familia informó que el político sufrió 90 días de incomunicación tras su arresto, tiempo en el que no recibieron información sobre su estado ni pudieron visitarlo.
¿De qué se acusa al exalcalde opositor?
Carlos Chancellor enfrenta cargos por incitación al odio e incitación a la rebelión, según la información proporcionada por su defensa. Su detención ocurrió en el contexto de una serie de aprehensiones tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
En 2005 lo detuvieron por organizar protestas contra políticas mineras y en 2009 cumplió una sentencia de siete años por incitación a delinquir, señala Correo del Caroní. En 2020 volvió a ser arrestado en Porlamar, estado Nueva Esparta, aunque fue liberado semanas después.