El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este viernes el informe emitido por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el que denuncia y rechaza las detenciones arbitrarias en el país, intensificadas tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio.
El comunicado, difundido por el canciller venezolano Yván Gil, señala que el texto, que carece de sustento y objetividad, evidencia la subordinación del Alto Comisionado a los intereses del decadente imperio estadounidense y su uso descarado como herramienta de agresión política contra nuestra patria».
Denunció que Turk, a quien señaló de tener «las manos manchadas de sangre, producto del asesinato de niños y niñas en Gaza, Siria y Líbano», pretende atacar a Venezuela «repitiendo la narrativa fabricada por la extrema derecha venezolana«.
«Se ha convertido a la Oficina del Alto Comisionado de los DD HH de la ONU en espacio al servicio de los sectores que promueven el caos, la desestabilización y la intervención extranjera, ignorando deliberadamente las acciones violentas financiadas desde el exterior, que tras las elecciones de julio dejaron 28 muertos, incluidos crímenes de odio, y cientos de heridos, entre ellos agentes de seguridad del Estado», dice el comunicado.
«El comportamiento errático y selectivo de la OACNUDH descalifica completamente cualquier pretensión de imparcialidad. Le recordamos a su titular y al sistema que representa que Venezuela no aceptará intentos de tutela ni injerencias coloniales disfrazadas de preocupaciones por los derechos humanos», dijo.
Alto comisionado de la ONU para los DD HH pide liberar a los detenidos arbitrariamente
«Mi oficina ha recibido informes creíbles de que defensores de derechos humanos, líderes sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores humanitarios y personal de mesas electorales han sido objeto de amenazas y hostigamiento», dijo durante su intervención.
El alto comisionado está preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas poselectorales en julio y agosto, incluidas las llevadas a cabo por individuos armados que apoyan al gobierno.
«Insto a la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales. Esto incluye a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como a trabajadores humanitarios. Tambien insto a las autoridades a proporcionar garantías de un juicio justo para los detenidos. Esto incluye permitirles designar un abogado de su elección y proporcionar a los pueblos indígenas intérpretes», señaló.