En la práctica, los derechos de los presos en Venezuela son solo ilusiones. Las cárceles venezolanas son lugares de sufrimiento, donde los presos enfrentan torturas, hambre, enfermedades y violencia constante. La falta de información oficial agrava el dolor de las familias, quienes viven en una constante angustia sin saber el paradero o estado de sus seres queridos.
Violaciones de derechos humanos
La denegación de justicia y las violaciones al debido proceso hacen de este trabajo un llamado de atención y de solidaridad a todas las familias que sufren la doble condena del encarcelamiento y el aislamiento en Venezuela. Además, en este seriado entrevistamos a varios expertos y activistas, también a aquellos que siguen luchando por la justicia y la dignidad. La grave situación de los presos políticos en Venezuela no debe ser olvidada por la comunidad internacional, si se quiere detener la violación sistemática de derechos humanos.
Negación de visitas como tortura
Las familias con algún miembro en prisión enfrentan diversas consecuencias que suponen un fuerte impacto en su vida. Por tanto, es fundamental abordar el tema de los derechos humanos de todos los detenidos, independientemente de su afiliación política.
Hay detenidos a quienes muchas veces no les permiten recibir visitas, y esto se pospone durante semanas e incluso meses. La negación sistemática de visitas familiares puede ser vista como una forma de trato cruel, inhumano o degradante, y en algunos casos, podría llegar a considerarse tortura, dependiendo de la gravedad del impacto psicológico y emocional y del contexto en el que se produce. Los tratados y estándares internacionales respaldan esta consideración y promueven el trato humano de los reclusos.
Derechos humanos
La Constitución Venezolana es uno de los textos más garantistas, y su enunciación sobre los derechos humanos es progresiva, es decir, que basta que exista cualquier nuevo derecho para que se entienda consagrado en ella y protegido por ella. Por ejemplo, los derechos de nueva generación, como los informáticos, etc. Así lo dispone su artículo 19.
Sin embargo, su implementación ha enfrentado serios desafíos y múltiples denuncias de violaciones. La diferencia entre el marco legal y la realidad práctica en Venezuela resalta la necesidad de esfuerzos continuos para garantizar que los derechos consagrados en la Constitución sean efectivamente respetados y protegidos.
Instituciones secuestradas
Los encargados de cumplir la ley la ignoran, y el miedo se convierte en el verdadero gobernante. En contextos donde las instituciones están controladas por el gobierno, puede ser extremadamente difícil obtener justicia o protección a través de canales oficiales como la Defensoría del Pueblo. Las instituciones, supuestamente diseñadas para proteger a los ciudadanos, están secuestradas, y sus funcionarios a menudo son cómplices de la represión.
Entrevista a Tulio Hernández
El Nacional entrevistó a un individuo cuya influencia y trayectoria abarca múltiples disciplinas y ha dejado una huella indeleble en cada una de ellas. Tulio Hernández, un destacado sociólogo venezolano especializado en temas de cultura y comunicación. Su versatilidad y profundo conocimiento lo han llevado a desempeñarse con maestría como ensayista, gerente cultural, editor y columnista de prensa. A lo largo de su carrera, ha combinado de manera ejemplar su labor como sociólogo con el periodismo de opinión, la gestión cultural y la actividad académica universitaria.
Su compromiso con la investigación y la comunicación lo llevó a formar parte del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y del Comité de Redacción del diario El Nacional, donde ha enriquecido a los lectores con sus columnas dominicales durante dos décadas. Sus escritos trascienden fronteras, siendo publicados en reconocidos medios internacionales como El País, The New York Times en español y la revista Arcadia. Sin embargo, su pasión por la verdad y la justicia lo llevó a enfrentarse a desafíos significativos. Huyendo de una amenaza de cárcel por parte del gobierno venezolano, actualmente reside entre Madrid y Bogotá, desde donde continúa iluminando con su pluma el panorama cultural y social contemporáneo.
—¿Qué efectos psicológicos y emocionales pueden experimentar los presos al ser privados de visitas familiares y de la posibilidad de nombrar abogados?
—No he hecho estudios de campo sobre el tema, pero no me queda duda alguna de que un preso político al que no se le permiten visitas familiares ni nombrar sus propios abogados está triple e injustamente secuestrado.
Primero, porque generalmente, al menos en el régimen venezolano, el detenido no ha cometido ningún crimen o delito, sino que se trata de un preso de conciencia, alguien que ha sido sometido a prisión, generalmente sin debido proceso, por disentir del régimen autoritario que gobierna a su país.
Segundo, porque incluso los presos condenados por crímenes flagrantes, tienen derechos, están protegidos por acuerdos internacionales y las leyes nacionales, que deben ser respetados. Si además de estar preso, que es ya un sufrimiento, se te impide contactos con familia o amigos, obviamente debes entrar en un estado emocional de desesperación, desubicación y desequilibrio porque los seres humanos, incluso los más hostiles, somos esencialmente gregarios, sociables, necesitamos de los otros para poder reconocernos como personas.
Y, tercero, porque en un régimen no democrático, si tienes que someterte a un defensor público, si no puedes elegir tu propio abogado, sabes que estás expuesto a una defensa sesgada, parcializada, y no puedes confiar en él. Entonces, la ansiedad se magnifica porque sabes que estás condenado a priori y sin defensa posible.
—¿Cómo impacta en las familias de los presos la imposibilidad de visitarlos y la falta de comunicación directa con ellos? ¿Qué efectos emocionales y sociales pueden sufrir estas familias?
—Es una tragedia. Ya que algún familiar esté preso, por cualquier razón, no solo política, es un sufrimiento. Pero, además, si no puedes verlo, y en algunos casos no saber dónde está detenido, genera un duelo parecido al de la muerte, el de su desaparición. Es un tormento, especialmente para los padres, los hijos y los hermanos. Es una forma de castigo, de tortura, de angustia permanente, que te desgarra interiormente y te hace la vida diaria un suplicio.
—Desde el punto de vista sociológico y de los derechos humanos, ¿qué implicaciones tiene la restricción de visitas familiares y la negación de la posibilidad de nombrar abogados para el sistema de justicia, y la percepción pública de la legalidad y equidad del sistema penitenciario en Venezuela?
—Pues sencillamente es un acto de violación de los derechos humanos más elementales, de perversión, de inexistencia de un sistema penitenciario democrático, ajustado a derecho. Una expresión de barbarie y, yo diría que, de crueldad, ensañamiento y de sadismo.
—¿Existen estudios o comparaciones con otros contextos o países donde se hayan implementado restricciones similares? ¿Cuáles han sido los resultados y lecciones aprendidas en esos casos?
—Internacionalmente, hay muchos investigadores que se han dedicado al estudio comparado de las políticas penitenciarias, centrándose básicamente en los temas de seguridad, infraestructura, condiciones ambientales, salud, reinserción social, respeto a los derechos. Pero en el caso venezolano ha sido muy difícil por la negativa del gobierno a permitir el acceso a los lugares de reclusión, y porque como en el caso de la Venezuela del “Socialismo del siglo XXI” no hay autonomía de poderes, y la Fiscalía y el sistema de justicia no son independientes, como se supone que debería ser en una democracia, es muy difícil realizar estudios confiables.
Sin embargo, todos los estudios que conozco apuntan a tres conclusiones: una, que como muchos países latinoamericanos, en Venezuela tenemos uno de los peores sistemas penitenciarios del planeta, caracterizado por la superpoblación, es decir, el hacinamiento, las condiciones de vida insalubres, la ausencia de actividades de rehabilitación y el alto número de homicidios por riñas internas.
Dos, que como el sistema de justicia es tan lento y burocrático, muchos de los detenidos pasan años esperando un juicio y cuando el juicio llega la condena es menor, a veces en dos o tres años, que el tiempo que pasaron entre rejas esperando el proceso legal.
Y, tres, que en el caso de los presos político de hoy en Venezuela se le añade otras condiciones terribles: las torturas que ahora ya no son solo físicas (me refiero a golpes, mecanismos de asfixia, descargas de electricidad en los genitales, que igual las siguen haciendo), sino sicológicas y de destrucción moral a través de violaciones sexuales. Sobre todo una técnica que han traído los iraníes, aliados del chavismo, que consiste en que un hombre, un esbirro, viola a otro hombre por vía rectal, viola a un preso político, y lo hace frente a su novia, o su esposa, a la que se le obliga a ver la escena para que le quede claro de qué se trata el poder.
Otro mecanismo terrible es que aun cuando hay una orden de excarcelación emitida por algún juez o tribunal que ya no puede sostener “el circo” que acusa a la víctima, las autoridades carcelarias se niegan a cumplir la orden y mantienen aún por largos meses a la persona que ha sido declarada libre de la situación de presidio.
Hay personas que han estado detenidas, más bien deberíamos decir secuestradas, que me han contado cómo, para torturarlas, les ponen durante toda una semana entera altavoces con música a insoportables decibeles o reflectores de altísima luminosidad, de manera que el encarcelado no puedan dormir o no sepa cuando es de día y cuando de noche. Es muy difícil en esas condiciones sobrevivir, no perder la cordura. Pero gracias a su fuerza interior y sus convicciones democráticas, luego de estos sufrimientos, muchos de ellos han quedado afectados pero no derrotados. Y, muchos también, se han dedicado a divulgar en otros países, de manera muy efectiva, lo que se vive —el horror de la tortura, incluso del asesinato— en muchas cárceles venezolanas especializadas en la prisión de activistas políticos, de oenegés y defensores de derechos humanos.