El empresario colombiano Alex Saab, señalado por la justicia de Estados Unidos de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro, fue capturado en las últimas horas en Cabo Verde, África.
Desde hacía varios meses, cuando Estados Unidos lo incluyó en la llamada Lista Clinton, pesaba sobre él una circular azul que se habría hecho efectiva en ese país. «Saab se alió con miembros del régimen de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron para explotar a la población hambrienta de Venezuela», dijo la Oficina de Control de Activos Extranjeros, organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en julio de 2019.
Advirtió la OFAC que Saab está detrás de otros esquemas de corrupción del régimen de Maduro, a través de las cajas Clap, con las que controlan y roban a la población venezolana.
Según la justicia de Estados Unidos, hay evidencia de que Saab le ha pagado sobornos a los hijastros de Nicolás Maduro para obtener los contratos de construcción de viviendas con las que entró a Venezuela y para quedarse con el negocio de las Cajas Clap, «con los que ha conseguido cientos de millones de dólares».
Lo que hasta ahora se sabe es que iba en un avión privado y que aterrizó a cargar combustible, cuando fue capturado. Fuentes extraoficiales señalan que cubría la ruta Rusia-Irán. Además, que la aeronave tendría matrícula venezolana.
El Tiempo localizó a personas del entorno de Saab, quienes manifestaron que habían corroborado la información.
El primero de julio, en una corte federal de Manhattan, se había revelado que Saab estaba involucrado en una operación de lavado que involucró al narcoparamilitar Jorge Luis Hernádez Villazón, alias «Boliche», y al profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley.
Este último confesó que recibió al menos 10 giros desde Emiratos Árabes y Suiza de cuentas de Saab que provenían de la corrupción en Venezuela, y que fueron entregados a «Boliche», antigua ficha del paramilitar Salvatore Mancuso.
La primera en señalar a Saab fue la fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, quien entregó pistas de los negocios y operaciones de lavado de activos.
En Colombia le acaban de ser incautados 8 bienes, por 35 mil millones de pesos, vinculados a una vieja operación de importaciones ficticias.
Autoridades colombianas manifestaron que tenían información de la captura.