La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, sostuvo que la clave en Venezuela de cara a las elecciones parlamentarias previstas para diciembre será que estas sean democráticas, ya que de lo contrario no podrán ser consideradas como legítimas por la comunidad internacional.
«Creo que es importante que haya elecciones pero tienen que ser democráticas, con respeto a las reglas de juego», ha señalado la jefa de la diplomacia española durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. «Para que sean legítimas dentro del país y a los ojos de la comunidad internacional necesitan ser democráticas», insistió.
Esto pasa, añadió, porque haya «garantías de participación y respeto de las reglas de juego» que tienen que definir los propios venezolanos y no «España, la UE o Estados Unidos».
Si esto no ocurre, advirtió González Laya, «va a ser muy difícil aceptar el resultado de estas elecciones». En las democracias, ha remachado, los comicios son «el medio que hay que utilizar en la búsqueda de soluciones comunes».
El Consejo Nacional Electoral fijó para el próximo 6 de diciembre las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, que actualmente está bajo control de la oposición y presidida por Juan Guaidó, al que España reconoce como presidente encargado del país tras no considerar como legítimas las elecciones en las que fue reelegido Nicolás Maduro en 2018.
El órgano electoral indicó esta semana que hay 105 partidos capacitados para concurrir en los comicios, entre los que figura el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, así como Acción Democrática y Primero Justicia, dos partidos opositores a los que el Tribunal Supremo de Justicia del régimen intervino cesando a su cúpula y designando otra afín al chavismo.
Fuera del listado quedaban, entre otros, Voluntad Popular, el partido de Guaidó y de Leopoldo López, quien se encuentra refugiado en la Embajada española en Caracas desde abril de 2019.
Precisamente, en las últimas horas, el TSJ suspendió a la cúpula de Voluntad Popular, nombrando una junta directiva ‘ad hoc’ con el cometido de «llevar adelante el proceso de reestructuración necesario» de cara a las elecciones.