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Canciller de Colombia: Aplicación del TIAR en Venezuela no tiene objetivos militares

Por EFE
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Carlos Holmes Trujillo, el canciller colombiano, aseguró este jueves que la activación del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, no pretende una acción militar contra Venezuela

La activación del tratado, que no ocurría desde 2001, tiene como fin «acudir a todas las acciones políticas y diplomáticas previstas para continuar creando condiciones que conduzcan a un cambio democrático en Venezuela», afirmó Holmes en una entrevista a EFE en Madrid.

Aclaró que el llamado a consulta del TIAR, el cual fue acordada por 12 países el 11 de  septiembre pasado a petición del presidente encargado de Venezuela, no tiene como objetivo algún tipo de acción militar.

Reiteró el objetivo del presidente de su país, Iván Duque, de presentar en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas todas las evidencias en poder del gobierno de Bogotá sobre lo que considera el vínculo del régimen de Nicolás Maduro con organizaciones narcoterroristas colombianas.

«Colombia tiene evidencias, y esas evidencias, además de lo que ya hemos hecho público, serán puestas en conocimiento de la comunidad internacional por Duque en la Asamblea General y en defensa de nuestro interés nacional», aseguró.

En una conferencia previa el canciller insistió en que continuarán, junto con el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos y otros actores internacionales, el proceso para crear las condiciones políticas que pongan fin al régimen de Nicolás Maduro.

Sobre los contactos con Cuba

En este sentido, señaló en la entrevista que «las conversaciones con Cuba (sobre la crisis de Venezuela) las adelantan otros miembros del Grupo de Lima, no Colombia».

Holmes Trujillo se mostró tranquilo acerca de la denuncia por injuria y calumnia presentada en su contra por el partido político FARC –sucesor político de la guerrilla que desapareció tras los acuerdos de paz de 2018– porque acusó a algunos de sus dirigentes que, al parecer, se reunieron en Venezuela de forma clandestina con agentes venezolanos.

Señaló que su país comparecerá ante las autoridades judiciales cuando se le requiera y que entregará a esas autoridades todos los documentos y datos utilizados para el señalamiento, refiriéndose a la denuncia que Colombia hizo la semana pasada ante el Consejo Permanente de la OEA.

Holmes aseguró que el anuncio del ex dirigente de las FARC Iván Márquez de que volvía a la lucha armada no afectará el cumplimiento de los acuerdos de paz. Añadió que Márquez y Jesús Santrich han creado «un nuevo grupo narcoterrorista, no una nueva guerrilla».

También afirmó que su gobierno no ha tenido ningún tipo de contacto con Cuba sobre Márquez, uno de los representantes de las FARC en los diálogos de La Habana que desembocaron en los acuerdos de paz de 2016.

«Lo que le hemos pedido al gobierno cubano es que entregue a los criminales confesos del ELN (la guerrilla colombiana que sigue activa) que tiene en su territorio», precisó. Recordó que contra ellos hay circulares rojas de Interpol y solicitudes de extradición de jueces colombianos.

Apoyo de España y la UE

El canciller colombiano reconoció el apoyo español, y de la Unión Europea, a la «crisis migratoria» por la llegada masiva de refugiados venezolanos a su país, que son ya 1,4 millones. Hay previsiones de que podrían alcanzar los 2,8 millones a finales del año próximo.

Recordó que la comunidad internacional solo ha aportado 280 millones de dólares de los 740 millones solicitados por Acnur y la Agencia Internacional para las Migraciones.

Advirtió que si al éxodo venezolano, el cual ya alcanzó los 4 millones, se hubieran destinado los mismos fondos, en proporción, que a los refugiados de la guerra civil siria, la cifra habría alcanzado los 7.000 millones de dólares.

También valoró como positivo que el ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, vaya a convertirse en el próximo responsable de política exterior de la Unión Europea.

En su reunión con ejecutivos empresariales destacó el alto ritmo de crecimiento de la economía de su país y el elevado nivel de protección jurídica a las empresas extranjeras que garantiza su gobierno.

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