Un informe publicado por la Procuraduría General de Colombia reveló que los venezolanos que se encuentran en tránsito migratorio por esa nación están expuestos a problemáticas como trata de personas, xenofobia, explotación sexual y laboral de menores de edad, microtráfico y abandono estatal.
El documento, titulado Situación de la población migrante en el Tapón del Darién y Cúcuta, alerta que en septiembre de 2022, pocos días después de que los gobiernos de Colombia y Venezuela decidieron reabrir las fronteras tras siete años de cierre, la Procuraduría evidenció la clausura inminente del Centro de Atención Sanitario Transitorio (CAS) en Los patios.
Ese centro, localizado en un municipio cercano a Cúcuta, en la ruta que toman los migrantes en su camino hacia el centro del país, atendía diariamente al menos a 200 caminantes. Allí se les ofrecía alojamiento por 72 horas y se les brindaba alimentación, atención psicosocial y en salud, asesoría legal sobre su situación migratoria y transporte humanitario para continuar el camino hasta las afueras del departamento.
La procuradora Margarita Cabello denunció que el cierre de ese centro pone en riesgo la vida de los migrantes venezolanos y de otras nacionalidades, pues el lugar se había consolidado como una solución efectiva a problemáticas como explotación laboral, trata de menores de edad, xenofobia y esclavitud sexual, entre otras, que persisten en la zona.
El informe también señala que los caminantes que atraviesan la selva conocida como Tapón del Darién, límite natural entre Colombia y Panamá, rumbo a estados Unidos, están expuestos a encuentros con la vida salvaje en esa zona, así como a los grupos armados ilegales que se esconden en las 575.000 hectáreas que comprenden ese espacio.
La Procuraduría indicó que en los municipios de la zona permanecen grupos familiares con niños hasta por 10 días, sin recursos económicos, salud o alimentación. Además, el ente recibió denuncias sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes involucrados en trata de menores de edad para poder comer, así como afectaciones al orden público a causa de presuntos hurtos, prostitución y drogadicción.
A eso se suman los abusos de las compañías privadas de transporte fluvial que cobran tarifas exorbitantes a los migrantes por los trayectos que deben recorrer hasta la frontera.
Ante la magnitud de los hallazgos en las dos regiones fronterizas, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos emitió 48 recomendaciones a 12 entidades del orden nacional, departamental y municipal para contribuir a la solución de la problemática.