Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas, llamó al gobierno venezolano a derogar la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), para evitar daños en el mercado de valores.
Insistió en que esta normativa es distorsiva e inflacionaria, pues se trata de un impuesto al valor agregado (IVA) acumulativo.
Asimismo, el también abogado del área tributaria detalló que con el IVA las operaciones realizadas en la cadena generan el impuesto, aunque es recuperable el impuesto soportado por los agentes económicos contribuyentes del impuesto.
Sobre esto indicó que el efecto inflacionario no aumenta tanto como con el IGTF, pues este último perjudica a los consumidores porque se va acumulando. Además, lo calificó de regresivo e injusto porque no contribuye a resolver la crisis del país.
«Está generando que mucha gente prefiera la informalidad. Cuando se genera grandes índices de evasión, grandes espacios de informalidad, el sistema tributario y las finanzas públicas fallan. En consecuencia, comienza una serie de distorsiones que afecta a la economía en general», dijo según Unión Radio.
Vencimiento de exoneración del pago de IGTF
El vencimiento de la exoneración del pago del IGTF, que se aplica a los débitos que generan movimientos de la custodia en títulos valores emitidos o avalados por el país o el Banco Central de Venezuela (BCV), vence el 25 de febrero.
Palacios admitió que se trata de un proceso lento de varios meses incluso, y que este decreto y los que están a poco de vencerse deben prorrogarse. En especial para la exoneración de las operaciones realizadas por la Bolsa de Valores de Caracas y la Bolsa Agrícola.
En caso de que esto no suceda, dijo: «Cuando reabra el mercado después de Carnavales va a haber un efecto negativo. Eso se va a reflejar en los índices que los inversionistas y calificadores externos ven. Va a afectar el mercado de valores que ha venido creciendo y se ha convertido en una alternativa importante al financiamiento».
Expresó que este es un punto entendido por el gobierno venezolano. Además de que se muestra como una manera que beneficiaría a las empresas del Estado para el «levantamiento de recursos y la oxigenación financiera».