El primer vicepresidente del Partido Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió este lunes «una acción penal de acompañamiento» contra los cinco opositores que inhabilitó, para cualquier cargo, la Contraloría General de Venezuela el 24 de abril, que no explicó las razones por las que fueron inhabilitados.
«Que esa inhabilitación administrativa ahora esté acompañada del ejercicio de la justicia penal. Esa plata es de los venezolanos. Son unos corruptos (…) entregaron Citgo (…) entregaron nuestro oro a cambio de que les dieran una comisión (…) que paguen y devuelvan todo lo que tengan que devolver (…) es un peligro para las finanzas públicas», dijo Cabello en rueda de prensa del PSUV, acusando a los inhabilitados de delitos de corrupción.
Opositores inhabilitados
Los cinco últimos inhabilitados son el alcalde del municipio El Hatillo (estado Miranda), Elías Sayegh, el exdiputado Tomás Guanipa y los exalcaldes José Fernández y Carlos Ocariz -sancionados hasta 2039-, y el exparlamentario Juan Caldera inhabilitado por 12 meses.
El fiscal general, Tarek William Saab, relacionó a Ocariz como parte de una «conspiración política» en el caso Pdvsa-Cripto, en el que, desde marzo de 2023, se desarticuló «una red de altos funcionarios, muchos de ellos presidentes filiales de Pdvsa, quienes luego de ser detenidos declararon como utilizaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales».
Según el funcionarios, Ocariz y los opositores exiliados Leopoldo López, Julio Borges y Carlos Vecchio tenían un plan en connivencia con Estados Unidos y Tareck el Aissami -exministro de Petróleo, ahora detenido-, para «disolver el Estado por cualquier vía antidemocrática, imponer y continuar con las sanciones».