VENEZUELA

Cabello: «Es ridículo decir que en Venezuela hay violaciones de DD HH en lo que se refiere a libertad de expresión»

por El Nacional El Nacional

El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, arremetió este lunes contra Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, por su reciente informe sobre el país.

«La señora Bachelet debería revisar lo que ocurre en otros países. ¿Por qué no defiende los derechos humanos de Julian Assange? ¿Cuándo lo mandan a Estados Unidos a qué lo están condenando? A la muerte», dijo Cabello en conferencia de prensa.

Y añadió: «Cuando no hay nada que decir ella inventa algo de Venezuela. Debería revisar cómo dejó ella el estado de los mapuche en Chile cuando fue presidenta, cómo atropelló el pueblo de los mapuches y habla de derechos humanos».

En este sentido, Cabello aseguró que en Venezuela hay «plena y absoluta libertad de expresión».

«Es ridículo el planteamiento de la señora al decir que en Venezuela hay violaciones de los derechos humanos en lo que se refiere a libertad de expresión; pero bueno, no podemos hacer nada. Afortunadamente creo que ella se va, dijo que no iba a presentar su candidatura, aunque eso también lo dijo Almagro; todavía hay que esperar. Al final suman para el mismo bando», señaló.

El informe de Bachelet

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la estigmatización y criminalización de periodistas y el bloqueo de medios de comunicación en Venezuela.

“El Acnudh siguió documentando casos de violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión que afectan a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y medios de comunicación, personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil”, señaló Bachelet en una actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país.

La funcionaria documentó 34 casos de violaciones a la prensa, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos, y el registro de autocensura por temor a represalias.

En el informe también se señaló que hay al menos 11 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación bajo restricciones judiciales, incluidas 3 mujeres.

Además, 41 páginas web tienen acceso bloqueado desde los proveedores de Internet del Estado y otros privados.