El Bloque Constitucional de Venezuela rechazó la utilización del sistema de justicia como herramienta de persecución a la disidencia y a los presos políticos del país.
Asimismo, condenó que el sistema actúe sin límites jurídicos, generando gran vulnerabilidad e imprevisibilidad para disidentes y para aquellos que son críticos de la revolución.
“El caso venezolano es paradigmático en materia de violaciones a los derechos humanos. A pesar de que no ha habido un conflicto armado, existe evidencia abundante sobre abusos y violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario. También se colonizó el sistema de justicia y se colocó al servicio de un proyecto político hegemónico y antidemocrático para impartir una justicia arbitraria”, señaló el grupo en un comunicado.
El Bloque Constitucional señaló que se debe recordar a los que ostentan el poder que, en el marco del derecho internacional, toda persona, sean presos políticos o no, tiene derecho a ser juzgada por un tribunal independiente, imparcial y competente.
“El derecho a la justicia es un derecho humano, anterior y superior a la autoridad del Estado, de carácter universal, del cual depende la seguridad jurídica, el orden y la paz social. La violación de este derecho compromete gravemente la responsabilidad de los detentadores del poder y de los operadores de justicia”, explicó.
En el comunicado el grupo afirmó que es necesario notificar esta situación a la Oficina del Fiscal ante la Corte Penal Internacional, en cuyas manos está la decisión de abrir la investigación formal sobre los hechos atroces perpetrados en Venezuela. En el país, según el grupo, debe prevalecer la aplicación del principio de complementariedad, ante la ostensible falta de independencia del sistema de administración de justicia. “Está plenamente comprobado que el Estado venezolano no puede ni quiere hacer las investigaciones a los máximos responsables por los crímenes ya documentados por esa instancia”, aseveró.
Violaciones a los derechos humanos
En el texto, suscrito por magistrados, académicos y profesores, se explicó que un número importante de violaciones a los derechos humanos ocurrieron por el uso, con fines políticos, del sistema de justicia. Esto propició degradación institucional, sesgo en las causas de interés para los detentadores del poder y corrupción generalizada en las restantes causas. “Se dio el deterioro del Estado de derecho, lo que ubicó a Venezuela en el último lugar de desempeño en un estudio comparativo entre 139 países, realizado por el Índice Mundial 2021 del Proyecto Mundial de Justicia”, explicó.
La ausencia de Justicia en Venezuela, aseveraron en el comunicado, se documentó y verificó de forma detallada en el primer Informe de Michelle Bachelet de julio 2019. En el informe se enfatiza que esta práctica violatoria de derechos usualmente comienza con una retórica pública, utilizada por autoridades de alto rango, que desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al gobierno o se oponen a él.
El Bloque Constitucional destacó, asimismo, que el Foro Penal, para octubre de este año, notificó 9.415 presos que siguen sujetos a procesos penales injustos, por motivos políticos.
El comunicado está suscrito por:
Coordinación nacional del Bloque Democrático de Venezuela: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Alberto Arteaga Sánchez, Jorge Rosell Senhen, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H., Rosa Mármol de León y René Molina Galicia.
Coordinación ejecutiva: Perkins Rocha.
Magistrados, académicos y profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt, Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila y Noemí Del Valle Andrade.
Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado.
Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Olnar Ortiz (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Vanessa Contreras (Mérida, Delegación Tovar), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Lucía Quintero (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia).
Bloque Constitucional, capítulo España: coordinador Carlos Sarmiento Sosa.