El Bloque Constitucional de Venezuela manifestó su rechazo a la ocupación ilegal del edificio del diario El Nacional que encabezó Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Calificó el procedimiento de grotesco, sistemático y de ilegítimo, pues viola el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
“No es otra cosa que la criminalización de la libertad de expresión mediante la aplicación de una modalidad de ‘derecho penal del enemigo’, que no persigue resarcir un supuesto daño moral, sino, únicamente, neutralizar judicialmente a una institución periodística no alineada con los intereses del régimen político imperante en Venezuela”, expresó el grupo en un comunicado.
Afirmó que el juicio en contra de El Nacional representa una cadena interminable de irregularidades y violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, que alcanzó su punto culminante con la activación de un procedimiento de avocamiento por parte de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, a un proceso que se encontraba en fase de ejecución por haber adquirido firmeza la sentencia definitiva proferida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, lo que está expresamente prohibido en el artículo 25.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
El bloque declaró que luego del ilegitimo avocamiento, la Sala de Casación Civil emitió sentencia en la que, en lugar de corregir pretendidas irregularidades, indexó indebida y desproporcionadamente el monto condenado por el juzgado de la causa, en más de 40 millones de veces, causando El Nacional un severo perjuicio económico, afectando el derecho a la información de los venezolanos.
Agregó que, tras el fallo de avocamiento, la ejecución de la sentencia definitivamente firme se realizó sin sujeción a las pautas procesales establecidas en el Código de Procedimiento Civil sobre la materia, esto es, sin la presencia permanente del juez respectivo, mediante la toma de las instalaciones del medio por efectivos militares.
Los firmantes del comunicado mencionaron que no se permitió la presencia de apoderados de la parte demandada, sin presencia del depositario que debió designarse con anticipación, permitiéndose la irrupción a tales instalaciones de un grupo de personas ajenas al sistema judicial y desalojando perentoriamente al personal e inquilinos.
“Todo lo cual, constituyen claras e inequívocas vías de hecho que menoscaban, aún más, la majestad de la justicia, lo que queda de estado de derecho, los derechos fundamentales de la parte demandada (en este caso, víctima de un evidente caso de persecución política), y los derechos de los venezolanos a mantenerse informados por dicho medio”, subrayó.
En el texto se expresó además que la maniobra implementada contra el periódico responde a un patrón sistemático y generalizado, fundado en motivos políticos contra quienes disientan del proceder, caprichos y arrebatos de quienes detentan el poder, una conducta que, además, puede subsumirse en el crimen de persecución previsto en el artículo 7, literal h, del Estatuto de Roma.
El grupo convocó a las instancias internacionales, a las organizaciones supraconstitucionales en materia de derechos humanos, a los gobiernos democráticos, a los demócratas aliados de la causa libertaria venezolana, en todas partes, a denunciar y condenar este grave atentado a la libertad de información, y a la libertad y propiedad de un medio de prensa de gran tradición democrática y plural en Venezuela.
El comunicado está suscrito por:
Coordinación nacional del Bloque Democrático de Venezuela: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Alberto Arteaga Sánchez, Jorge Rosell Senhen, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H., Rosa Mármol de León y René Molina Galicia.
Coordinación ejecutiva: Perkins Rocha.
Magistrados, académicos y profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt, Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila y Noemí Del Valle Andrade.
Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado.
Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Olnar Ortiz (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Vanessa Contreras (Mérida, Delegación Tovar), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Lucía Quintero (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia).
Bloque Constitucional, capítulo España: coordinador Carlos Sarmiento Sosa.