Desde el domingo reinó la indignación en redes sociales luego de la difusión de un video de la joven Kelly Ayary, quien denunció que se le impidió el acceso a una tienda Balú por estar en silla de ruedas debido a discapacidad muscular-esquelética.
Discriminación en Balú
Al respecto, Punto de Corte informó este miércoles que contactó a un funcionario del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) con el fin de obtener información sobre las medidas adoptadas después del hecho.
Luis García Valor, representante del departamento de Asesoría Legal del Conapdis, indicó que la tienda Balú cesó su contrato con la compañía de seguridad, llamada Multiservicios J-LOM C.A, que prestaba servicios para las sedes de Propatria y Chacaíto.
Ello en razón de que la persona que impidió el acceso de la joven a la tienda formaba parte de la compañía de seguridad y no propiamente de la nómina de Balú, dijo el funcionario, quien agregó que por el cese de contrato al menos 32 personas perdieron sus empleos.
Indicó que acudió el lunes a la tienda y constató que no se cumple con adaptaciones exigidas para la integración de personas con discapacidad.
«Por lo que se les procedió a levantar un informe para que tomen las correcciones. Conapdis también ofreció charlas a los trabajadores sobre el trato correcto a las personas con discapacidad y se hizo un llamado a que cumplan con el artículo 28 de la Ley para las personas con discapacidad, que establece que no menos del 5% de la nómina de los trabajadores debe ser ocupada por personas con discapacidades», reseñó Punto de Corte.
Medidas de bioseguridad
García Valor señaló que el representante de la empresa de seguridad alegó que el trabajador no dejó entrar a la joven como parte de las medidas de bioseguridad, pues había muchas personas en la tienda en ese momento.
Los representantes de Conapdis ubicaron la vivienda de Kelly Ayary, y se acercaron para obtener su versión de lo ocurrido.
«Kelly nos explicó lo mismo que tiene el informe. Que el trabajador de seguridad le dijo que no se permitía la entrada en silla de ruedas, que le habló de buena manera y que le pidió disculpas. Ella se molestó, dio una vuelta, regresó y fue cuando se grabó haciendo la denuncia diciendo que no la dejaron entrar», señaló.
En ese sentido, el funcionario cuestionó que la joven haya realizado la denuncia en redes sociales, en lugar de solicitar hablar con el gerente de la tienda y recurrir a los canales regulares de denuncias.
«Ella se grabó y se fue, llamó a su familia y le dijeron que montara el video en las redes; eso me lo dijo ella misma. Le comenté que debió haber usado los canales regulares, yo esos casos los proceso rápido», expresó García Valor.
Desconoce la razón de la actuación del Seniat
García Valor dijo por otro lado que desconoce por qué el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) fue el que tomó la medida de clausura de la tienda.
Aclaró que la ley para las personas discapacitadas da la potestad al Conapdis de cerrar temporalmente cualquier negocio que infrinja sus derechos, pero no al Seniat.