La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, celebró este viernes la imputación de dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar por los delitos de tortura y asesinato por el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo.
«Los cargos de tortura contra dos militares en relación con el asesinato del capitán Acosta Arévalo son pasos en la dirección correcta en la lucha contra la tortura. Alentamos a Venezuela a tomar más medidas para erradicar la tortura y garantizar la rendición de cuentas», expresó el alto comisionado en un mensaje publicado en Twitter.
La nueva decisión la tomaron las autoridades el jueves 23 de octubre. La muerte del capitán ocurrió en junio de 2019 luego de que se desplomó ante un juez cuando lo presentaban. Las denuncias señalan que Acosta Arévalo, acusado por el régimen de Nicolás Maduro de conspiración, sufrió graves torturas que lo llevaron al colapso.
El 6 de octubre pasado, el Tribunal Supremo de Justicia, leal al chavismo, había ordenado la reposición del proceso judicial en contra de los oficiales Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto. De este modo el máximo tribunal del país anuló la acusación en contra de los militares que hizo el Ministerio Público; además de suspender todos los actos procesales.
En una sentencia, el TSJ alegó que se observaron varias irregularidades en el proceso: hubo actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial y a los derechos de la víctima.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos dijo que la rectificación del proceso legal responde al impacto que tuvieron los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y de Amnistía Internacional. Sin embargo, instó a que se investigue la cadena de mando porque, según considera, los presuntos autores materiales habrían actuado con el consentimiento de superiores.