Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó este lunes una actualización oral sobre Venezuela en el 47° período ordinario de sesiones del organismo.
En su intervención reiteró su compromiso y el de su oficina, de seguir prestando su apoyo al respeto de los DD HH en Venezuela.
“Mi último informe publicado la semana pasada ofrece una visión sobre los últimos desarrollos acerca del estado derecho y del espacio democrático así como una evaluación de la implementación de mis recomendaciones anteriores”, indicó.
Bachelet también mencionó el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien fue detenido el 2 de julio junto a su hermano Rafael Tarazona y Juan de Dios, miembro de su equipo.
«El arresto de tres miembros de Fundaredes hace solo tres días es un ejemplo preocupante», sostuvo.
Exigió también que se les garantice una defensa privada a los detenidos.
Asimismo, dijo que “continúan recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
El ACNUDH siguió documentando restricciones a las libertades fundamentales que limitan el espacio cívico y democrático. “Las restricciones al espacio cívico sigue siendo motivo de preocupación. Se señalan la estigmatización, criminalización y persecución de miembros de la sociedad civil, activistas de DD HH”, declaró Bachelet ante el consejo.
Acceso a vacunas: la exigencia de Bachelet
Bachelet habló acerca de la inmunización de la población venezolana contra el covid-19. Exigió que se facilite el acceso a las vacunas a los ciudadanos.
También pidió condiciones óptimas de trabajo para el personal de salud del país y la dotación de equipos de protección.
«Se calcula que más de una quinta parte de los muertos por covid-19 en el país han afectado a los trabajadores sanitarios», sostuvo.
Reformas a cuerpos de seguridad
Con respecto a crisis social, aseguró que “continúan las protestas sociales ante un acceso cada vez más difícil a los servicios básicos” y que “las desigualdades socioeconómicas preexistentes se han visto agravadas por el impacto de las sanciones sectoriales unilaterales y la pandemia del Covid-19”.
Bachelet también saludó “las nuevas iniciativas anunciadas por el gobierno, incluyendo las reformas a la policía y a la justicia. El trabajo de las comisiones guiará el camino hacia el recorrido que esperamos conduzca a resultados eficaces”.
“La reforma policial es la ocasión de marcar un cambio significativo y sostenible hacia una mayor protección de los derechos humanos y la prevención de la violación de los mismos. Señalo en mi informe la tendencia a la baja de las muertes en el contexto de las protestas y las operaciones de seguridad, sin embargo, una sola muerte ya es demasiado”, sentenció la Alta Comisionada.