«Muchos de los caminos de Alex Saab llevan a México». Así comienza un reportaje del diario español El País sobre el empresario colombiano señalado por Estados Unidos de lavado de dinero en su sistema financiero.
Alex Saab
Alex Saab, actualmente detenido en Florida, es señalado de conspiración para lavar dinero tras el retiro de siete cargos de lavado de dinero.
Esto a raíz de un acuerdo con Cabo Verde, que para autorizar la extradición solicitó que los cargos no acarreen una condena superior a la máxima en la nación africana, que es de 35 años.
Aun así, Saab enfrenta 20 años de cárcel por el único cargo que de momento se le imputa.
«Pero su red de negocios ha encontrado un punto neurálgico en suelo mexicano, desde donde gestionó transacciones millonarias con petróleo venezolano y tejió una telaraña de empresas opacas para transportar toneladas de alimentos», señaló El País.
El miércoles emergió otra trama ligada a Saab, que de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción involucró 64 millones de dólares en víveres a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y compañías mexicanas.
«Las revelaciones que han salido, y las que vendrán, amenazan con salpicar los círculos del poder político y económico del país, piezas clave en el engranaje de Saab», indica el reportaje.
El periodista venezolano Roberto Deniz, cuyo trabajo develó la trama de corrupción del empresario colombiano, afirmó que el juicio de Saab apunta a ser un nuevo caso Odebrecht. Ello en razón de la telaraña de políticos latinoamericanos implicados en sus negocios.
“Ahora no es Brasil, sino Venezuela, el eje de una trama de negociados oscuros con actores poderosos en varios países”, explicó Deniz.
Autoridades mexicanas vinculadas a Saab
«En junio pasado, una investigación de El País y el portal venezolano Armando.info destapó que las autoridades mexicanas fueron cruciales para que funcionara una red dirigida por Saab que movió millones de dólares por todo el mundo. Los negocios se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de ayuda humanitaria», indica el reporte.
Agrega que esos pactos nunca se hicieron públicos, pero se fraguaron con la intermediación de Maximiliano Reyes, subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe.
Se señala también la participación de la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), según documentos en poder de esos medios, así como entrevistas con personas involucradas directamente en los tratos.
«Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región», defendió Reyes.
Lista negra del Departamento del Tesoro
«La trama, sin embargo, introdujo a tres empresarios mexicanos a la lista negra del Departamento del Tesoro por hacer negocios con el gobierno de Maduro y Pdvsa; y por triangular las operaciones a través de empresas fantasma y paraísos fiscales, al margen del sistema financiero internacional», indicó El País.
Recordó que en otra entrega de investigaciones conjuntas con Armando.info se reveló que el entramado vinculado a Saab también tocó la puerta de Pemex.
«Pero la venta de crudo de Pdvsa no parece haberse concretado», aclaró.
Ocho empresas
Afirma que entre 2019 y 2020, en paralelo con la trama del petróleo venezolano, ocho empresas mexicanas estuvieron involucradas en envío de alimentos a Venezuela por 64 millones de dólares. La comida era para las cajas CLAP.
«La red utilizó empresas que emitían facturas falsas e importadoras en paraísos fiscales, y en ella participaron actores políticos acusados de corrupción y ligados a las cúpulas de poder en Venezuela», señala.
Alimentos de baja calidad para los CLAP
También se indica que desde 2016, durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se había identificado a empresas mexicanas que monopolizaron el envío de productos de baja calidad para las cajas CLAP.
«En 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) de México sancionó a las compañías por tratarse de un esquema fraudulento. Pero se libraron del castigo a través de unos acuerdos reparatorios que rayaban en lo simbólico», recordó.
Añadió que en 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -ya en el mandato de Andrés Manuel López Obrador- congeló las cuentas de 19 empresas y personas que vendieron alimentos al gobierno de Maduro.
Al respecto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó este fin de semana que se presentaron cinco denuncias contra 25 sujetos ligados a los negocios de las CLAP y a Saab.
Nieto también dijo que el acuerdo que concedió la PGR durante el gobierno anterior fue ilegal. Y presentó otra serie de denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, el ministerio del Gabinete que fiscaliza al Ejecutivo.