Al menos 168 armas de distinto tipo fueron encontradas por funcionarios policiales y militares de Venezuela este miércoles durante el operativo llevado a cabo en el Internado Judicial de Trujillo, en el oeste del país, el sexto intervenido por las autoridades en los últimos dos meses, como parte de un plan para acabar con las «mafias carcelarias».
El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos dijo que «hasta el momento» se han encontrado 50 armas cortas, 6 armas largas, 100 armas blancas, 3 subametralladoras y 9 granadas de mano, además de 107 cargadores de distinto calibre, 2.000 cartuchos y 28 teléfonos celulares.
Los 503 presos que se encontraban en esta cárcel, prosiguió, están siendo trasladados a centros penitenciarios de otras zonas del país, como ocurrió en los casos anteriores, sin precisar adónde son llevados.
Intervención de cárcel
El funcionario aseguró que aún falta una cárcel por «liberar» en el marco de esta «gran operación de combate contra el delito».
«Este es el sexto centro penitenciario que hemos liberado de los siete que requerían intervención directa. Hoy podemos decir que tenemos 80 centros penitenciarios en Venezuela y están bajo control, como nunca antes en la historia de nuestro país», aseveró.
Indicó que gracias a estas intervenciones bajo la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, el gobierno ha acabado «definitivamente» con las estructuras criminales «que amenazaban al pueblo y causaban daño también a los internos».
El militar explicó que se están investigando «a fondo» las estructuras y «mafias criminales interconectadas con la cárcel», con el objetivo de capturar a los implicados en estos delitos.
Organizaciones no gubernamentales aseguran que la intervención en el penal de Trujillo comenzó el martes en la noche, un día después de que el Ejecutivo anunciase la «liberación» de la cárcel de Vista Hermosa, en el sur, el quinto centro intervenido en los últimos dos meses.
Estas intervenciones comenzaron con la toma de un penal en el estado Aragua, en el que operaba el Tren de Aragua, banda criminal extendida por Chile, Perú, Bolivia y Colombia.
Mientras el gobierno subraya el éxito de estos operativos, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones critica que «no hay transparencia» en la información brindada sobre estos despliegues, algunos de los cuales, aseguran, ocurren después de «avisar» a líderes criminales que escapan antes de la llegada de los policías y militares.