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Aumentan las protestas en el país en los primeros meses de 2022

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En los primeros 4 meses de 2022 se registraron en el país 2.677 protestas, lo que representa un incremento de 28% en comparación con el mismo lapso de 2021. Así lo documentó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en su más reciente informe.

Más de 70% de todas las manifestaciones y exigencias ciudadanas fueron por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de acuerdo con los datos del observatorio.

Los derechos laborales lideraron el índice de manifestaciones en los primeros 4 meses de 2022, con 1.012 en total. En los últimos años este lugar lo ocupaban las protestas por servicios básicos.

Por otra parte, el OVCS registró 659 manifestaciones por servicios básicos con reclamos habituales por fallas en el suministro de agua potable, gas doméstico y electricidad. Además, se le sumaron otros servicios como recolección de desechos sólidos y aguas servidas, telefonía móvil e Internet.

En el contexto de derechos políticos, el observatorio registró 519 protestas en todo el país desde enero hasta abril.

Se reportaron al menos 1.874 concentraciones frente a instituciones o centros gubernamentales; 289 cierres de calles o avenidas en zonas donde los manifestantes llamaron la atención y visibilizaron sus demandas, y 80 marchas, entre otras.

El estado Lara registró el índice más alto de manifestaciones con 361, seguido de Bolívar con 349 y Anzoátegui con 187.

Disminuye la represión

Fueron reprimidas o impedidas 32 protestas pacíficas en 10 entidades del país, dato que representa una disminución de 13% en comparación con los primeros 4 meses de 2021. Tampoco se registraron muertes en el contexto de las manifestaciones.

«Este decrecimiento en el comportamiento represivo de los representantes de cuerpos de seguridad del Estado y de civiles armados tiene que ver en gran medida con las investigaciones, monitoreo y documentación que actualmente realiza las Naciones Unidas, a través de la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, y también la Corte Penal Internacional», indica el informe.

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