«Los universitarios fueron de las principales víctimas en varias de las violaciones de derechos humanos que se denunciaron en el último informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, entre las que destacan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tratos crueles, inhumanos y degradantes». Así lo denunció Aula Abierta en una nota de prensa.
Y recalca que el tercer informe emitido el 20 de septiembre pasado, la Misión de la ONU se enfoca en crímenes de lesa humanidad cometidos por personas vinculadas a los servicios de inteligencia en contextos para reprimir a opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
«También afirma que la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo grave», enfatiza Aula Abierta.
Y destaca que el documento ratifica que estudiantes universitarios y líderes estudiantiles fueron objeto de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Plan de represión contra los universitarios
El informe de la Misión de la ONU menciona la existencia de un plan para reprimir a los opositores, entre ellos, personas que trabajaban para organizaciones estudiantiles y lideres universitarios.
“La Misión investigó casos que involucran a 90 víctimas, en los que el Sebin arrestó, detuvo y sometió a personas a tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos y delitos entre 2014 y la actualidad”, destaca Aula Abierta.
Y agrega que los universitarios también figuran como víctimas de violación de derechos humanos en los dos informes anteriores emitidos por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas.
Universitarios, principales víctimas de detenciones arbitrarias
«En ese sentido, de los casos documentados por la Misión en sus informes de 2020 y 2021, Aula Abierta constató que los universitarios fueron las principales víctimas en detenciones arbitrarias en 47,8% de los casos documentados en el informe del 2020 y 13,5% de los casos documentados en 2021», señala.
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, la organizacion universitaria, indica que 45% de los casos documentados en 2020 y 50% de los documentados en 2021, los universitarios estuvieron entre las principales víctimas.
Mientras que con respecto a las desapariciones forzadas, estuvieron en 25% de casos documentados en 2020. Mientras que con tratos crueles, inhumanos y degradantes tenían 53% de los casos documentados en 2020.
Ante el Consejo de Derechos Humanos
El informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este 26 de septiembre.
Participó la activista Ligia Bolívar en un diálogo interactivo, quien habló en nombre de Alerta Venezuela, Aula Abierta y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Bolívar expresó la necesidad de renovar el mandato de la Misión, “para profundizar la investigación sobre las estructuras identificadas y sobre el impacto de grupos armados irregulares que actúan con anuencia o complicidad de las autoridades”.
También pidió la liberación del profesor universitario Javier Tarazona, director de Fundaredes.
Entre los países que denunciaron torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, además de la persecución y ataques contra la sociedad civil, estuvieron Australia, Ecuador, Suiza, Irlanda y Bélgica.
La delegación suiza afirmó: “Condenamos las torturas y violencia sexual, llamamos a cesen estas acciones. Insistimos en la reparación de las víctimas”. Mientras tanto, Ecuador pidió que cesaran “los actos de persecución contra disidentes” y que se garantizara “la labor de la sociedad civil”.
“Nos preocupa la persecución y detenciones arbitrarias de la sociedad civil. Llamamos a la liberación de las personas detenidas, en especial a periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y personas indígenas”, dijo, por su parte, la delegación de Irlanda, refiriéndose a casos como el de Tarazona.
Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas
Desde septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó esta Misión para que investigara las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. Esto con el fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.
«Aula Abierta forma parte de las más de 100 organizaciones de las sociedad civil que piden la renovación del mandato de la Misión, puesto que es necesaria para seguir evidenciando ante el mundo las violaciones de los Derechos Humanos a las que está expuesta la población venezolana y especialmente activistas, periodistas y comunidad universitaria, entre otros grupos vulnerables», indicó la organización.
Que agregó que entre los miembros de la sociedad civil que piden la renovación de la misión, se encuentran los padres de Juan Pablo Pernalete, un estudiante universitario asesinado durante las protestas de 2017.
“La misión es la voz que no tenemos en Venezuela”, dijeron los padres de Pernalete durante una rueda de prensa.