La primera audiencia oral y pública del periodista venezolano y activista del partido Voluntad Popular Roland Carreño se llevará a cabo este lunes 9 de mayo en el Palacio de Justicia de Caracas.
La audiencia estaba pautada para el 2 de mayo, pero fue diferida debido a la falta de traslado desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a la sede del tribunal.
La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó en Twitter que a la 1:23 pm Carreño estaba llegando al Palacio de Justicia.
Los abogados del periodista, en declaraciones a los medios minutos antes de su llegada, reiteraron que el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades.
«Hemos estado denunciando durante todo el proceso que se le han estado violando sus garantías judiaciales, y que hoy está enfrentando un juicio sin ningún tipo de prueba que lo vincule a los hechos por los que será juzgado», señaló Ana Leonor Acosta, de la defensa de Carreño.
El abogado Joel García denunció que el proceso judicial en contra de Carreño pudiese realizarse en una sola audiencia, «si la Justicia venezolana tuviese voluntad de hacerlo».
Carreño fue detenido el 26 de octubre de 2020 por funcionarios policiales que lo mantuvieron desaparecido por más de 12 horas. El 27 de octubre de ese año se confirmó que estaba en la sede del Sebin en El Helicoide.
La Fiscalía y el tribunal del caso coinciden en apuntar que el periodista fue detenido «en flagrancia», pues en el momento del arresto «se le incautó un fusil desarmado modelo AM-15 calibre 5.56 con 17 municiones», según informó en octubre de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia.
Al periodista se le imputó la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra.
Posteriormente su defensa informó que también fue acusado de «asociación para delinquir».
Además, el fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que Carreño «es el principal» financiero de Voluntad Popular y que al momento de su detención llevaba consigo 12.000 dólares en efectivo, mientras que hallaron en su móvil conversaciones que daban cuenta del reparto de otros 60.000 dólares para actos de «conspiración».