Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) indicó que los ataques contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas aumentaron 256% en comparación con la cifra del año pasado.
La política del régimen de Nicolás Maduro durante el último año ha estado orientada a criminalizar, agredir y atacar a voluntarios y representantes de las ONG, para impedir que sigan documentando y denunciando a las víctimas de delitos de lesa humanidad en Venezuela, señaló Romero en una entrevista para La Prensa de Lara.
Indicó que la reciente medida impuesta por el régimen para que las ONG hagan pública la lista de sus benefactores, si reciben financiamiento internacional, y también revelar quiénes son las víctimas que reciben ayuda, viola lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales.
«Se mantiene el patrón de la estigmatización, pretendiendo descalificar y desacreditar el trabajo de documentación y denuncia de las ONG, ubicándolas como enemigos, terroristas, agentes desestabilizadores», expresó.
De enero a marzo se cometieron 183 ataques contra las ONG, 132 más que en 2020, reveló un reciente informe del CDJ.
107 de los casos contabilizados fueron estigmatizaciones, 31 hostigamientos, 13 amenazas, 9 detenciones arbitrarias, 10 judicializaciones, 3 allanamientos y 3 ataques digitales.
Martha Tineo, coordinadora de Justicia Encuentro y Perdón (JEP), explicó que el objetivo del régimen es silenciar a todas las voces disidentes del país, que han denunciado ante entes internacionales las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas desde 2014 en Venezuela.
«Esta providencia nos obliga a inscribirnos a una oficina nacional de terrorismo, que vulnera el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución. Es decir, nosotros podríamos ser concebidos como potencialmente terroristas, o podríamos estar asociados para delinquir si no nos registramos. Se supone que todos somos inocentes mientras se demuestre lo contrario, según el Estado las cosas ahora no son así», dijo.
Añadió: «Yo no puedo suministrarle a las autoridades la lista de personas que han denunciado la violación de derechos humanos en el país, porque los estaría colocando en un riesgo inminente, es como si a un violador sexual se le diga que su víctima o un familiar de su víctima lo denunció».