El homicidio de un sacerdote a manos de un adolescente en el estado Táchira ha encendido las alarmas en un país tradicionalmente católico. Se conoció que el joven asesinó al cura para librarse de los abusos sexuales que padecía.
Un caso en el que por momentos se desdibujan los roles de víctima y victimario.
El homicidio
Luego de seis días desaparecido, las autoridades hallaron, el pasado 22 de enero, el cuerpo del presbítero Jesús Manuel Rondón Molina, de 47 años de edad. Este se encontró en una zona boscosa de la población de Rubio, estado Táchira.
Un joven de 17 años de edad, cuya identidad es protegida por las autoridades venezolanas, confesó haber asesinado a Molina. Reveló que este abusaba sexualmente de él desde hacía casi cuatro años.
El ministro de Interior, Néstor Reverol, dijo que el cura «mantenía acosado y bajo amenaza» al adolescente. Por ende, este citó al religioso en una zona cercana a un convento. Allí lo estranguló dentro de un vehículo.
La pederastia
La Fiscalía confirmó que el sacerdote amenazaba al joven con violar a su hermano de 10 años de edad si oponía resistencia o lo denunciaba. Sin embargo, logró abusar del hermano del joven.
El fiscal general, Tarek William Saab, denunció que el comportamiento del presbítero era reiterado y del conocimiento de sus superiores. Aseguró tener pruebas de ello.
Por ejemplo, informó que al menos dos niños más presentaron denuncias en su contra ante la Iglesia en los años 2014 y 2015.
Aseguró que Molina tenía una «carrera letal» en contra de menores de edad. Aun así, las autoridades eclesiásticas no lo pusieron a las órdenes de la justicia.
«El encubrimiento» en Táchira
Tanto el fiscal general como el titular de Interior han recriminado a la Iglesia Católica venezolana el «encubrimiento» de este hecho.
«¿Por qué a este sujeto no lo pusieron ante los órganos de la justicia competentes? Más bien se encubrió este caso, es lo que se presume», dijo Saab tras informar que 1.340 personas fueron condenadas en los últimos 2 años por casos por abuso sexual contra niños y adolescentes.
Reverol, entretanto, considera que hay «perpetradores de la pedofilia instalados en la Iglesia Católica y actúan con la complicidad de algunas de sus autoridades».
«Las autoridades católicas en vez de dedicarse a la política deberían hacer una campaña profiláctica para execrar de sus filas a estos sacerdotes que se dedican a esta aberrante actividad», manifestó en rueda de prensa.
La respuesta
La Conferencia Episcopal difundió un comunicado de 12 puntos en los que repudia la actuación del sacerdote, a la vez que lamenta su trágica muerte y ora por el joven abusado.
En este texto, los obispos reconocen que habían recibido «varias denuncias» en contra de Molina, por lo que hicieron las investigaciones de rigor y las autoridades eclesiásticas dictaron medidas cautelares contra el acusado, como la prohibición de tratar con menores de edad «mientras durara el proceso respectivo».
«A quienes presentaron las denuncias nunca se le impidió que pudieran acudir al fuero civil. No se encubrió ni a este ni a ningún clérigo al que hayan denunciado e investigado, tenemos la conciencia clara de haber obrado sin encubrimientos y de acuerdo con lo que exige la Iglesia», prosigue el escrito.
La CEV pide a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, con las que tienen públicas enemistades, que «terminen de aclarar lo ocurrido pero sin valerse de este triste suceso para fines políticos o de otra índole».
El precedente
En noviembre de 2018 las autoridades venezolanas detuvieron al cura de origen español Iván Merino Pedial cuando abusaba de una niña de 12 años de edad que pertenecía a su feligresía, en el estado Zulia.
El religioso, de 35 años de edad, abusó de la menor por tres años y durante su sacerdocio en España había dado «señales claras» de pedofilia, según la denuncia hecha por el secretario de la Gobernación del Zulia, Lisandro Cabello.
En diciembre de 2019, el papa Francisco promulgó dos leyes que eliminan el secreto pontificio cuando se trate de abusos sexuales, para que nunca más el ampararse en el silencio pontificio sirva para esconder u obstaculizar la investigación de los casos de pederastia por parte del clero.