La Asamblea Nacional electa en 2015 emitió un comunicado oficial para rechazar de manera categórica la “ilegal, irregular e ilegítima” decisión de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso de adjudicarle la sede del diario El Nacional, y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida, a Diosdado Cabello Rondón.
“La ilegal decisión tomada por la jueza Amoroso, hermana del Contralor General de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, es una prueba más de que la dictadura ha secuestrado las instituciones de la República”, expresó la AN. En el texto señaló, además, que el gobierno de Maduro acabó con la separación de poderes, fomentó el nepotismo y manipula las más altas instancias del país.
En el comunicado explicó que el “robo judicial” de la sede de El Nacional se llevó a cabo sin que se publicara de manera regular los carteles de remate. Allí debió haberse informado públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas.
“Adicionalmente, la decisión se tomó de espaldas a El Nacional y a su representante judicial, y sin la presencia de ningún testigo. Solo estuvo presente el abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto”, señaló.
El hecho es, a su juicio, un nuevo ataque contra la prensa libre en Venezuela y una nueva táctica que busca amedrentar, amordazar e intimidar a los periodistas para que bajen la voz. “Esta irrita decisión del tribunal es una nueva violación contra la libertad de expresión en Venezuela”, aseveró.
Persecución a los medios de comunicación
La AN señaló que tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello cierran medios de comunicación, persiguen, amedrentan y acosan a los periodistas. “No conformes con esto, proceden a robar judicialmente la propiedad privada de uno de los medios de comunicación que, pese a la persecución en su contra, sigue alzando la voz valientemente e interpelando al poder en Venezuela”, expresó.
Y agregó: “Este robo judicial contra la propiedad de El Nacional es una prueba fehaciente de la necesidad de reformar el Sistema de Justicia en nuestro país. La dictadura adelanta una reforma a la composición del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, donde planea, entre otras cosas, reducir el número de Magistrados de 32 a 20 en una maniobra para simular cooperación ante la investigación de la Corte Penal Internacional”. En el texto señalaron que la CPI no caerá en esa estrategia y continuará investigando a la administración de Maduro por sus crímenes de lesa humanidad.
Explicó asimismo que para que una reforma al Poder Judicial en Venezuela funcione debe surgir de un acuerdo político. Por ello, hizo un llamado a la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela para detener el proceso de postulación y volver a la negociación en México.
“Solidarios con todo el equipo de periodistas, editores y directores del diario El Nacional ante esta nueva afrenta de la dictadura en venganza contra la valentía del periodismo libre e independiente. Matar al mensajero no hará que desaparezca el mensaje. Seguimos apostando por construir una República con instituciones democráticas sólidas, con plena separación de poderes y donde e periodismo pueda ejercer a cabalidad”, concluyó.