La Asamblea Nacional elegida en 2015 condenó el embargo ilegal contra la sede de El Nacional en las primeras horas de la noche del viernes 14 de mayo.
La Comisión Delegada de la AN, que repudió tal acción del oficialismo, anunció que se iniciará una investigación a través de la Comisión Permanente del Poder Popular y de Medios de Comunicación. «Por la violación de los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la información oportuna, contenidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», indicó.
Asimismo, el Parlamento de 2015 anticipó que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «iniciar las investigaciones a que haya lugar sobre la causa judicial».
El embargo se dio después de una demanda por parte de Diosdado Cabello. En ella se exigía indemnizarlo con 13 millones de dólares por un supuesto «daño moral» causado en 2015. Esto cuando el rotativo replicó una noticia del ABC de España. En ella se señalaba a Cabello de «nexos con el narcotráfico y que estaba siendo investigado por Estados Unidos». La noticia ni siquiera fue redactada por El Nacional, sino que fue tomada de otro medio.
La sentencia de El Nacional
El encargado de emitir la sentencia fue el TSJ de Nicolás Maduro, y un cartel con la orden judicial pegada en la sede del diario aseguraba que se procedió a un «embargo ejecutivo».
La sentencia emitida el 16 abril aseguró que El Nacional, uno de los medios más emblemáticos de Venezuela con casi 78 años informando al país, estaba obligado a abonar a Cabello 237.000 petros al valor de cambio del día, lo cual suponía 13.369.170 dólares.
A pesar del embargo ilegal de su sede en Los Cortijos, El Nacional, fundado el 3 de agosto de 1943, y sus periodistas seguirán llevando la noticia a sus lectores por medio de la página web.