La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo en respaldo a la ruta política planteada por Juan Guaidó, mandatario interino de Venezuela, en el proceso de negociación con mediación de Barbados, que terminó suspendido.
Con ese acuerdo, los 81 legisladores opositores convalidaron la creación de un gobierno de transición que conduzca al país a elecciones libres. Además, ratificaron la necesidad de convocar a elecciones presidenciales con un nuevo Consejo Nacional Electoral y llamaron a los venezolanos y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a respaldar ese proceso.
El diputado Ángel Medina aseguró que durante los últimos 20 años el régimen chavista ha intentado imponer un «modelo hegemónico, un proyecto político que coloca su interés por encima de los ciudadanos».
Destacó la necesidad de luchar por la libertad desde el seno del Parlamento. «No podemos hablar de una nación libre si el pueblo es esclavo. Y lo que tenemos hoy en Venezuela es la intención de esclavizar a todos los venezolanos a través del hambre, hiperinflación, delincuencia y autocracia», enfatizó.
El legislador chavista Gerardo Márquez, recordó que de acuerdo con la Constitución en 2020 corresponden elecciones parlamentarias. Afirmó que el PSUV se ha ido preparando para ello.
«Este año elecciones presidenciales hay en Bolivia, Argentina y Uruguay, y las fuerzas progresistas retomarán el poder en Argentina y lo mantendrán en Bolivia», añadió.
Recursos de Pdvsa
El Legislativo, de mayoría opositora, aprobó también un acuerdo que autoriza el uso de recursos de Petróleos de Venezuela para la defensa de los activos en el exterior.
Se autorizó la cantidad de 2 millones de dólares de los recursos nacionales en Estados Unidos, para el pago de honorarios profesionales. También para cubrir las necesidades asociadas a la defensa judicial y extrajudicial de sus activos.
Además, autorizaron al procurador especial, José Ignacio Hernández, para que suscriba los contratos con el fin de defender los recursos de Venezuela en el exterior.
El Esequibo
Chavistas y opositores debatieron la soberanía sobre el territorio del Esequibo y de la Fachada Atlántica. Ambos bandos se acusaban de entregar la zona en reclamación.
Un total de 126 diputados estuvo presente en la Cámara cuando aprobó, con 95 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, la reafirmación de la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo y la Fachada Atlántica.
Los diputados que votaron en contra fueron Earle Herrera, Ares Di Fazio, Sergio Fuenmayor, Nosliw Rodríguez y Loengri Matheus.
La mayoría opositora ratificó el desconocimiento a la Corte Internacional de Justicia y le solicitó que remueva la demanda impuesta por Guyana.
Los parlamentarios también exigieron al régimen de Maduro que informe si ha recibido notificación de la Corte sobre la demanda.
Marialbert Barrios, vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores durante las gestiones del chavismo «no han hecho nada por defender el territorio».
A su juicio, eso obedece a una política cubana, que reconoce el Esequibo como territorio de Guyana.
«Hagan el intento, al menos, de convencer a los Castro para que los apoye en la defensa de ese territorio que nos pertenece», manifestó.
Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior, denunció que el gobierno guyanés trabaja para explotar 450.000 barriles de petróleo liviano en la fachada del Atlántico.
«Venezuela apenas produce 700.000 barriles de petróleo diarios, mientras Guyana se va a convertir en la próxima década en el mayor productor de petróleo del hemisferio sur», expresó.
Chavismo
Durante el debate, los diputados oficialistas acusaron a la oposición, encabezada por el presidente interino Juan Guaidó, de entregar la zona en reclamación en beneficio de intereses personales.
Saúl Ortega afirmó que el acuerdo en defensa del Esequibo es una campaña que busca debilitar la cúpula gobernante.
«Es una contribución al debilitamiento interno para futuras acciones de sus aliados extranjeros», dijó. Entre etos aliados mencionó a Estados Unidos, Inglaterra, el Grupo de Lima y la petrolera Exxon Mobil.
Derecho a la propiedad privada
La mayoría legislativa aprobó un acuerdo en rechazo al XV censo nacional promovido por el régimen. Para ellos, este estudio tiene como finalidad «localizar viviendas desocupadas para despojarlas de sus propietarios».
El Parlamento exigió respeto al derecho a la propiedad privada. Acordó designar una comisión especial para que investigue a los funcionarios que violen esa garantía constitucional.
El diputado opositor AvilioTroconiz afirmó que el chavismo pretende robarse las viviendas de los ciudadanos que por la crisis nacional han huido del país.
«Se quieren aprovechar de las circunstancias que viven 5 millones de venezolanos. Pretenden seguir atemorizado al pueblo. No permitiremos más confiscaciones, ni expropiaciones», manifestó.
La diputada Deyalitza Aray afirmó que con ete censo el chavismo busca pasar factura a los ciudadanos por el dinero y las propiedades que les han incautado en el exterior a funcionarios corruptos.
Le envió un mensaje a los venezolanos: «No permita que le despojen de lo que usted se ha sudado con su trabajo y sacrificio. No permita que le despojen de la oportunidad de heredarle a sus hijos un techo digno».
El legislador oficialista Orlando Zambrano desmintió que el régimen pretenda expropiar viviendas mediante ese censo, que aseguró es totalmente legal.
“El censo está establecido por decreto presidencial. Acuden a mecanismos para promover la guerra que tienen contra Venezuela porque en 20 años no han podido derrotar la revolución”, dijo.