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Arreaza madrugó para expresar su preocupación por la integridad física de Alex Saab

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Jorge Arreaza, canciller del régimen, expresó este jueves en la madrugada su preocupación por la seguridad e integridad física de Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y detenido en Cabo Verde.

«Ratificamos nuestra preocupación por la seguridad e integridad física de Alex Saab, detenido de manera ilegal y arbitraria en Cabo Verde«, expresó Arreaza en Twitter.

Aseguró que el régimen ha denunciado ante las autoridades los supuestos malos tratos que ha recibido el colombiano desde su detención el pasado mes de junio.

«Reiteramos la solicitud de una medida humanitaria para proteger su vida», finalizó el texto.

Saab fue detenido cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal. en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.

El nombre de Saab, de 48 años de edad, apareció en la prensa cuando la fiscal general de la república en el exilio, Luisa Ortega Díaz, le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

El empresario, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Un funcionario del gobierno de Estados Unidos indicó en julio de 2019 que con los CLAP, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.

Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares, supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Estados Unidos señaló que entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

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