Jorge Arreaza, ministro chavista de Exteriores, criticó este martes a los países que rechazaron o se abstuvieron de votar a favor de una resolución en la que se asegura que el régimen de Nicolás Maduro ha cooperado con la Oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet en Caracas.
Solo 14 de 47 naciones —Angola, Burkina Faso, Camerún, Nepal, Namibia, México, Indonesia, Fiyi, Eritrea, Pakistán, Filipinas, Qatar, Sudán y Venezuela— votaron a favor durante la sesión en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pero el proyecto lo rechazaron 7 países, incluidos Perú, Brasil, Chile y Uruguay; mientras que 26, la mayoría de naciones, decidieron abstenerse, entre los que se encuentran Argentina, República Checa y España.
«A pesar de la feroz presión de Estados Unidos y sus satélites en el Consejo de Derechos Humanos, la resolución fue aprobada. Extraña el voto inexplicable de algunos países que se dicen defensores de derechos humanos pero no apoyan una resolución para fortalecerlos», expresó Arreaza.
El funcionario de Maduro agradeció en Twitter a los países que apoyaron la resolución que, dijo, están interesados en que la ONU coopere en la coordinación de políticas para garantizar los derechos humanos. «Y que no se agreda y se haga política intervencionista usando el pretexto de los derechos humanos».
Una fiesta de ficción
La representante de Brasil calificó la resolución y los supuestos esfuerzos de Venezuela en materia de derechos humanos como una fiesta de ficción y una obra más del “irrealismo fantástico” de los responsables de graves violaciones.
“La Oficina registró más de 1.300 muertes, la mayoría realizadas por la FAES, que sigue funcionando. Se han indultado 110 personas que nunca debieron haber estado presas ni perseguidas; cientos más siguen detenidos políticamente, incluso muchos recientemente por el simple hecho de protestar”, agregó.
Evitar el escrutinio
La representante de Perú ante el Consejo de Derechos Humanos, en nombre de varios países, afirmó que no ha habido cambio en los patrones de las violaciones de derechos humanos y que la Fuerza de Acciones Especiales sigue operando, pese a que el Alto Comisionado recomendó su disolución.
“Nos preocupa que esta iniciativa pretenda evitar el nivel de escrutinio que requiere la grave situación de Venezuela”, manifestó. La funcionaria señaló asimismo la continuidad de la persecución y el hostigamiento contra la Asamblea Nacional, periodistas y defensores de derechos humanos.
“Nuestros países lamentan la cooperación estrecha y selectiva de las autoridades con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, que no aborda la gravedad de las violaciones de derechos humanos documentadas tanto por la alta comisionada como por la Misión de Determinación de Hechos ni la crisis humanitaria”, expresó.