“Nos maltrataban a todos, pero desde el principio se centraron en mí. Decían que yo podía decir datos, información de mi hermano de dónde estaba, porque como yo tenía dos niños pequeños, por ellos, yo lo iba a hacer”, recuerda Anyi Heredia todavía tres años después. Hay detalles que siguen atormentando, como cuando le enseñaron una foto de su hijo de ocho años diciéndole: “Mañana le vamos a cortar un dedo”. O escenas que permanecen tatuadas en su memoria, como la de aquella mañana del 26 de diciembre de 2019, cuando la Navidad terminó abruptamente para su familia.
Ese jueves, a las 11:30 de la mañana, al menos seis funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) llegaron al apartamento de Anyi, en la urbanización Playa Grande del estado La Guaira, a 30 minutos de Caracas. No se identificaron ni mostraron orden de allanamiento, pero estaban uniformados. Anyi estaba con sus padres (que habían ido a pasar unos días con ella) y sus dos hijos, una bebé de 15 meses y un niño de ocho años, cuando los funcionarios llegaron a su domicilio. Horas antes, en la madrugada de ese mismo día, un primer contingente había ido al apartamento de sus padres, ubicado en la urbanización Hugo Chávez de La Guaira, cerca de Playa Grande. No consiguieron a nadie, pero violentaron la puerta y destrozaron todo. Buscaban algo.
Los tres son los familiares directos del capitán Ányelo Heredia Gervacio, detenido por la Dgcim el 31 de marzo de 2017 en el estado Táchira e imputado por la Fiscalía Militar Tercera Nacional por traición a la patria, instigación a la rebelión y motín. Heredia Gervacio fue recluido en la prisión militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, capital del estado Miranda, a 50 minutos de Caracas. Pero la Dgcim lo cazaba de nuevo en esos días navideños porque el día anterior, el 25 de diciembre de 2019, había logrado fugarse de ese centro de reclusión.
A Anyi y a sus padres los sacaron del apartamento esposados, los montaron en una camioneta tipo Jeep donde los llevaron a Caracas, a un centro clandestino de torturas que tenía otra quinta al lado y estaba ubicado en una loma; el trayecto hasta ese lugar no fue muy largo luego de terminar de subir a la capital por la autopista. Allí estuvieron ocho días. La detención arbitraria de la familia del capitán Heredia fue apenas el preámbulo. Los funcionarios de contrainteligencia militar ejecutaron un procedimiento que han estado usando de manera metódica contra familiares de personas perseguidas por motivos políticos, sean militares o civiles. De acuerdo con la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, esta técnica tiene nombre: Sippenhaft. En el segundo informe de la Misión (FFM, por sus siglas en inglés), publicado el 16 de septiembre de 2021, se la menciona por primera vez a partir del testimonio de una de las víctimas entrevistadas, en el que esta fuente nombró la técnica de manera espontánea: “Un acusado de participar en la operación Gedeón en mayo de 2020 dijo al tribunal de control en su audiencia preliminar que unos agentes de la Dgcim lo habían torturado y le habían dicho que utilizarían el Sippenhaft (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis). Posteriormente detuvieron a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en La Boleíta [sic] durante 32 días”.
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Su origen se remonta a la Alemania del nazismo y tiene una definición inquisidora, “castigo por responsabilidad familiar”. En casi ocho décadas, el método no ha cambiado. Consiste en detener a uno o varios familiares de algún sospechoso de cometer crímenes contra el Estado. En Alemania, era una norma legal que se convirtió en mecanismo de control social y reducción de la disidencia política, como explica el investigador australiano Robert Loeffel, uno de los autores que ha investigado este tipo de castigo.
En uno de sus artículos titulado Sippenhaft, terror y miedo en la Alemania Nazi: Examinando una faceta del terror tras el complot del 20 de julio de 1944, publicado en 2007, Loeffel detalla que esta técnica comenzó a aplicarse con más frecuencia tras el atentado del 20 de julio de 1944, cuando el coronel Claus von Stauffenberg lideró un intento de asesinato de Adolfo Hitler, el de la llamada Operación Valquiria. Después de esa fecha, “este castigo fue ampliamente promovido e impulsado por los principales nazis, así como dentro del ejército alemán, donde delitos como la deserción y la traición de las tropas eran tratados como de naturaleza política”, señala Loeffel.
Por Patricia Marcano (*)
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