VENEZUELA

Armando.info: Otro negocio de exportación picotea la biodiversidad venezolana

por El Nacional El Nacional

Un escándalo producido por decenas de guacamayas y tucanes fue lo que se registró en un video con el que el exdiputado chavista Adel El Zabayar denunció por redes sociales la existencia de un galpón en la carretera Petare-Guarenas, al este de Caracas, donde estaba enjaulado un lote de aves atrapadas, presuntamente de manera ilícita, en el valle de la capital venezolana.

El 25 de agosto de 2023, al día siguiente de develar este “sádico crimen”, como lo tildó el exparlamentario oficialista, el fiscal general designado en 2017 por la írrita Asamblea Constituyente chavista, Tarek William Saab, ordenó desde su cuenta de la red X (antes Twitter) que la Fiscalía 88 con Competencia en Defensa y Delito Ambiental iniciara una investigación del caso por presunto contrabando de fauna silvestre .

En aquel momento, el Ministerio Público no identificó a los responsables del galpón donde almacenaban las aves silvestres, ubicado en el kilómetro 14 del sector El Carmen de la vieja carretera Petare-Guarenas, en el estado Miranda. Sin embargo, imágenes captadas durante la inspección que en el lugar hizo la Policía del Municipio Sucre, en cuya jurisdicción se halla el galpón, confirman que se trata del Criadero San Antonio Abad C.A., una empresa privada con la que el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) ha realizado, desde 2021, actividades promocionadas como “conservacionistas” y “defensoras de la biodiversidad”.

#Designada la #Fiscalía 88 Nacional con competencia en Defensa Ambiental y Delito Ambiental, con la finalidad de atender la denuncia pública, en la cual se hace referencia a presunto Contrabando de Fauna Silvestre. #NoAlMaltratoAnimal pic.twitter.com/YhljS1mCuE

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 25, 2023

Detrás de esa fachada ambientalista, el zoocriadero San Antonio Abad también lleva adelante la comercialización de aves silvestres en el mercado internacional, una actividad que requiere de la aprobación de las autoridades locales y de los correspondientes permisos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), a la que Venezuela está suscrito como país miembro.

Por Lisseth Boon

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