“No hemos podido ver el expediente ni por casualidad. Cuando se lo pido a la defensora pública, dice que todavía está en fase de ‘sustanciación’, que un abogado privado sí podría verlo, pero, a la vez, no me dejan nombrarlo. Es una cosa perversa”.
“Al defensor público lo asignaron a pesar de que exigimos el derecho a la defensa privada. Y hasta ahora no hemos logrado contactar a ese defensor ni ver a mi papá. No sabemos si ha habido audiencia. No sabemos si está en El Helicoide. No hemos tenido documentación legal”.
“Fue un policía el que me dijo lo de la audiencia de mi hijo, no me avisaron. La defensora no nos dijo nada, tampoco promovió las pruebas que le dimos, ni las cartas de buena conducta, las notas, las partidas de nacimiento, y en la audiencia telemática susurró dos minutos, no supimos qué dijo”.
Los anteriores son testimonios de tres familiares de personas arrestadas y presentadas ante tribunales por las protestas que tuvieron lugar durante algunas horas luego del anuncio, la noche del 28 de julio, de unos dudosos resultados oficiales de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Nicolás Maduro. En todos ellos destaca la actuación contra natura de los representantes de la Defensoría Pública. Supuestos a representar a los acusados, sistemáticamente han optado por inhibirse o hacer simulacros de defensa y, así, contribuir a la acusación. Coartan, ralentizan y sabotean toda diligencia judicial a favor de sus defendidos. Más que asignados a los casos puestos a su cargo, han sido impuestos hasta en casos en los que los indiciados se mostraron listos a ejercer su derecho constitucional a la defensa mediante abogados de su confianza.
Tienen prohibido, además, apelar a las decisiones en las audiencias, un recurso básico en todo proceso judicial.
Al final, los defensores públicos se revelaron como una parte más, junto a jueces y fiscales, de la coreografía que el régimen de Caracas preparó en tribunales para aplacar, de modo expedito y ejemplarizante, el inminente levantamiento en las calles que preveía tras el amaño electoral del 28 de julio.
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