A Ariana Granadillo funcionarios de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la hicieron dormir en el suelo con las muñecas atadas con cinta adhesiva. Entonces la patearon en las costillas. Sucedió en febrero de 2018, pero fue la única vez. En mayo de ese año, los mismos funcionarios volvieron a la casa del coronel Oswaldo García Palomo, a quien acusaban de un intento de magnicidio. Como no lo encontraron ni a él ni a su familia directa, se llevaron secuestrados a Ariana y a sus padres, primos lejanos del coronel.
Los Granadillo –oriundos de Bocas de Río Chiquito, un pueblo del norte del estado Monagas– se habían mudado a la casa del coronel Palomo, en la urbanización Monte Bello del municipio Carrizal, estado Miranda, para que Ariana tuviera cerca al Hospital Victorino Santaella, donde debía culminar pasantías para graduarse de médico. Pero después del segundo secuestro y la retahíla de torturas de la que su hija fue objeto, decidieron abandonar el país sin que ella terminara la carrera. El 24 de junio de 2018 se presentaron en la frontera del estado Táchira para seguir camino a Colombia. No esperaban entonces que Ariana fuera detenida por tercera vez por una orden de captura que la solicitaba “por rebelión militar”.
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El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, subió a sus redes sociales el anuncio del arresto de Ariana junto a la foto de la joven de 21 años. Funcionarios de ese organismo la detuvieron y trasladaron a Caracas en un periplo de una semana en la que pernoctó en calabozos de comisarías de ocho estados (Táchira, Zulia, Mérida, Barinas, Cojedes, Yaracuy, Portuguesa y Lara).
“Ellos decían que si vivíamos en su casa era porque sabíamos dónde estaba él”, recuerda Ariana Granadillo ahora desde Washington DC, Estados Unidos. El suyo es un vivo ejemplo de que en la República Bolivariana de Venezuela el gobierno detiene y tortura de manera sistemática a familiares de disidentes y presos políticos convirtiéndolos también en disidentes y presos políticos.
Por Joseph Poliszuk (*)
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