Un consultor clave para los esfuerzos de Estados Unidos por llevar ante la justicia a funcionarios corruptos del gobierno venezolano y a narcotraficantes, es investigado en España por presuntamente extorsionar a algunos de los mismos venezolanos ricos que Estados Unidos solicita.
Los fiscales en España alegan que Martin Rodil (n. Barquisimeto, 1974), el consultor en cuestión, un abogado y destacado experto en temas de corrupción venezolana, dirigió un grupo que extorsionaba a venezolanos ricos sospechosos de corrupción. Los 13 miembros de esta trama, que, con Rodil a la cabeza, incluye a tres policías españoles -Daniel Renuncio Mateos (de la policía municipal de Madrid), David Berruguete (inspector de la Policía Nacional) y José Manuel Betanzos (oficial retirado de la policía regional vasca o Ertzaintza)- y a un exmilitar hispano-israelí, Alberto Avi Galán, son investigados por los delitos de tráfico de influencia, corrupción y lavado de dinero, de un total de siete cargos. En documentos judiciales del caso, todavía en fase de instrucción, los fiscales españoles dicen que los exfuncionarios que aseguran haber sido chantajeados son figuras prominentes en escándalos masivos de corrupción pública en Venezuela, que pagaron grandes sumas de dinero a Rodil y sus asociados en la aparente creencia de que les ayudarían a evitar cargos criminales en Estados Unidos.
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Rodil, que no ha sido acusado formalmente, no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.
Los aliados de Rodil dicen que los exfuncionarios venezolanos que lo señalan están tratando de desacreditar de ese modo las investigaciones de Estados Unidos sobre su propia presunta malversación, desplegando una campaña contra un asesor clave de las autoridades en Washington. Dicen que los fiscales en España, un país que algunos expertos consideran un refugio seguro para los venezolanos corruptos, están siguiendo de manera errónea una agenda que en realidad forma parte de la campaña de desinformación orquestada por estos exfuncionarios del chavismo, ahora residenciados en el país ibérico.
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Por Armando.Info, ICIJ, Moncloa.com