El Grupo Aéreo Presidencial Número 4 celebró el pasado 10 de octubre sus 44 años con torneos de paintball, kickingball, softball, truco y dominó. Entre fotos de los campeones y mensajes por el “inicio” de la Navidad, decretado por Nicolás Maduro, ese día destacaron mensajes de lealtad a la autodenominada “Revolución Bolivariana” y elogios a esta unidad como “una de las más emblemáticas de la Guardia de Honor Presidencial”. No le falta razón, pues es la encargada de transportar al Presidente de la República y a quienes éste disponga.
Pero así como vuelan los altos funcionarios de gobierno, en esta unidad, adscrita a la Guardia de Honor Presidencial, han volado los sobornos y las comisiones a partir de contratos de mantenimiento y reparación de aeronaves. Los beneficiarios son pesos pesados de la Fuerza Armada a través de sociedades registradas en paraísos fiscales con cuentas bancarias en Suiza.
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Brio Internacional es la empresa que se repite en esta historia. Es una compañía con figura jurídica en Panamá y Hong Kong y que pertenece a Julio César Sequera Rojas, un empresario venezolano de 57 años de edad, quien antes de convertirse en uno de los principales contratistas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) probó suerte con la venta de equipos e insumos médicos a través de compañías familiares creadas en Venezuela.
Poco después de que Vladimir Padrino López fue designado Ministro de la Defensa por Nicolás Maduro, en octubre de 2014, los contratos de Brio Internacional con la FANB fluyeron en cascada hasta llegar a encargarse del mantenimiento de alguno de los helicópteros de cuerpos tan sensibles como el Grupo Aéreo Presidencial Número 4.
El propio Padrino López solicitó a Maduro 47,3 millones de dólares “para la recuperación de la flota de las aeronaves de ala rotatoria” y recomendó explícitamente a Brio Internacional, “quienes luego de realizar una evaluación in situ de las condiciones de la flota (…) presentaron la oferta comercial para la reparación y extensión de componentes para veintidós helicópteros”, de acuerdo al punto de cuenta 731 de 2014.
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Meses después, el 13 de marzo de 2015, la estatal Venezolana de Exportaciones e Importaciones (Veximca), entonces presidida por Giuseppe Yoffreda Yorio, otro poderoso mayor general de la Aviación, selló el negocio con Brio Internacional S.A, la otra cara de la misma empresa inscrita en Panamá, para la “reparación y extensión de los componentes de 22 aeronaves MI-17V5 y suministro de soporte logístico” por poco más de 47,1 millones de dólares.
Los MI-17V5 son helicópteros de fabricación rusa comprados en su momento por Hugo Chávez y hasta febrero de 2023 se habían registrado al menos siete accidentes con ese tipo de aeronaves, de acuerdo con el conteo de la organización Control Ciudadano.
De los 22 helicópteros, 13 fueron presentados por el propio Vladimir Padrino en la Base Aérea Francisco de Miranda, en La Carlota en Caracas, en mayo de 2016, junto a Julio Sequera, el dueño y presidente de Brio Internacional. El empresario explicó que hicieron un “mix” con todas las empresas involucradas, ya que son “representantes y aliados comerciales de cada una de estas fábricas productoras”, según la reseña de VTV que recogió también Control Ciudadano, la ONG dirigida por la abogada Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente en febrero pasado.
“El empresario venezolano necesita básicamente apoyo, el empresario venezolano tiene la capacidad de echarse este país al hombro y recuperarlo de manera total y definitiva y esto es un ejemplo de eso; estamos dispuesto a eso”, celebró entonces Julio Sequera. Sus negocios, en efecto, despegaron hasta conseguir contratos del estratégico Grupo Aéreo Presidencial Número 4.
Por Roberto Deniz
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