Un ruido animal: eso fue lo que escucharon los dos agentes de la Policía Nacional Bolivariana del estado Portuguesa, en los llanos occidentales de Venezuela, cuando se acercaron a auxiliar a un camión cava detenido a un costado de la autopista José Antonio Páez la noche del 18 de octubre de 2022. Ordenaron al piloto y al copiloto que abrieran la puerta posterior del vehículo. Cuando apuntaron al interior con las linternas, la sorpresa no pudo ser mayor. El cargamento estaba conformado por 62 animales silvestres: 9 loros reales; 31 guacamayas (cuatro cara seca, dos azul-amarilla, 21 bandera o escarlata, cinco rojas y 18 verde militar), un rey zamuro y dos osos hormigueros gigantes o palmeros.
Los 62 animales silvestres viajaban dentro de 11 cajas de madera y tres cajones sellados con orificios, en un recorrido de más de 800 kilómetros por carretera, equivalentes a unas 13 horas dentro de la cabina posterior de un camión sin ventilación.
No se trataba de un cargamento cualquiera. Entre este conjunto de fauna cautiva, el oso palmero y la guacamaya verde están catalogados como especies en peligro de extinción según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana (2020). Su grado de vulnerabilidad también es reconocido por el recién lanzado Sistema Venezolano de información de diversidad biológica (SVIDB) del Ministerio de Ecosocialismo (Minec). Además, desde 1996, ambas especies, junto al rey zamuro y las guacamayas bandera y roja, forman parte de la lista oficial de los animales vedados para la cacería, de acuerdo al decreto 1.485.
Aquella noche de octubre, los dos policías nacionales de Portuguesa no sospechaban que habían descubierto el primer eslabón de una presunta cadena internacional de tráfico de fauna silvestre, identificada por el Ministerio Público, que involucra a una empresa privada y a las autoridades en materia ambiental en Venezuela.
Por Lisseth Boon (*)
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