Desde hamburguesas –full de tocineta y queso derretido– hasta antiácidos. Hay de todo en este lugar: harina de almendras, barras de proteína, freidoras de aire, Alka Seltzer Plus en empaques de “20 effervescent tablets”… Tampoco faltan marcas importadas de cervezas, como Bud Light o Estrella Galicia, entre dos y tres dólares cada una. O muñecas de la película Frozen II, semillas de ajonjolí y paquetes de “100% Colombian Coffee” de Kirkland, la marca privada de los almacenes mayoristas Costco de Estados Unidos, cuya avena también se ofrece en el local.
Además del mercado, el lugar incluye un restaurante y un local nocturno que combina espacios para ver partidos de béisbol y de fútbol, con presentaciones de stand-up comedy y una pista de baile donde la rumba se prolonga hasta las 3:00 de la madrugada.
Es el bodegón Beer & Food Truck, al final de la avenida Bolívar, en el sector Rancho Grande de Puerto Cabello, estado Carabobo.
Tanto la variedad de marcas extranjeras como la canícula playera recuerdan a sus clientes que están en el principal puerto del país, a donde siguen llegando contenedores de mercancía todos los días. En su inventario y aspecto, el expendio reproduce una metáfora ya habitual en Venezuela, la que establecen los llamados bodegones, en boga desde hace años: un país donde un maestro que gana tres dólares al mes puede ser vecino de un establecimiento repleto de productos exóticos y a precios más caros que en los mercados internacionales.
Lo distinto aquí son los nombres y filiaciones de quienes registraron este comercio. Son tres las dueñas, que aparecen también en los expedientes mercantiles de, al menos, otra decena de empresas. Todas son parientes del recién ascendido coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sobre quien pesan desde 2019 sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos que lo señalan como uno de los responsables de las más graves torturas contra desaparecidos y presos políticos atribuidas por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro.
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