En un conciliábulo del brazo judicial del régimen de Nicolás Maduro, encabezado unos días antes de las recientes elecciones presidenciales por el fiscal general oficialista, Tarek William Saab, y la actual presidenta del Circuito Penal de Caracas y exfiscal, Katherine Haringhton, se afinaron algunos detalles de la máquina represiva que debía activarse apenas se consumara la proclamación fraudulenta de Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela, como en efecto ocurrió al cierre de la jornada del 28 de julio.
Asumiendo como hipótesis de trabajo que la maniobra electo-judicial en ciernes provocaría protestas, los participantes se dispusieron a diseñar medidas para eventualmente aplacarlas. En las calles tendrían que desplegarse la fuerza bruta y la sevicia de los cuerpos de seguridad, cómo no, pero entre las vueltas de tuerca que se prepararon destacó la activación de una segunda línea de ataque: los Tribunales de Terrorismo, una novedosa jurisdicción que el chavismo-madurismo instauró y que, desde al menos hace tres años, actúa como una virtual fuerza de tarea para procesar de manera expedita e implacable a cualquier persona fichada como opositora.
Actuando desde Caracas durante las últimas cuatro semanas, los cuatro jueces encargados de la instancia no le han hecho ascos a su misión. Siguen un patrón común de arbitrariedades que espeluzna: niegan el acceso a los expedientes de los detenidos, a quienes procesan sin miramientos, sin posibilidad de nombrar abogados de confianza, siempre tras las rejas, por fuera y lejos de sus jurisdicciones naturales, a veces por grupos -por lo tanto, sin considerar las circunstancias de cada caso individual- y de forma telemática.
Cuando hace pocos años el venezolano Carlos Armando Figueredo tradujo Los Juristas del Terror, el clásico de Ingo Müller sobre las cortes del Estado nacionalsocialista alemán, tal vez no imaginó que esa advertencia con fundamentos históricos reencarnaría pronto en Carlos Liendo, Ángel Betancourt, Franklin Mejías y Joel Monjes. Constituidos en una máquina de terror, los cuatro jueces forman parte de una operación de castigo que, según fuentes consultadas por Armando.info, se desarrolla teledirigida desde la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la magistrada Elsa Gómez Moreno, cercana a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. La conexión entre Gómez Moreno y la primera dama o primera combatiente, como la jerga revolucionaria prefiere llamarla, pasa por la sobrina de la magistrada, Jennifer Karina Fuentes, quien fue pareja de Walter Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.
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