El gobierno de Argentina, a cargo de Alberto Fernández, apoyará este martes el trabajo realizado por la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, bajo el mando de Nicolás Maduro.
Luego de la polémica desatada días tras por las declaraciones del representante argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, la Cancillería anticipó que el país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana.
Durante una intervención en la OEA, Raimundi había asegurado que Venezuela sufrió un fuerte asedio de intervencionismo y que la apreciación sobre las violaciones a los derechos humanos eran sesgadas.
En este contexto, Argentina pedirá a las autoridades de ese país investigaciones «prontas, exhaustivas, independientes e imparciales» de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, dice el texto.
En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos previa a la votación sobre la situación, el embajador argentino ante la ONU, Federico Villegas, adelantó la postura final del gobierno al abstenerse de una resolución que presentaron Irán y Venezuela.
«A pesar de los resultados alcanzados en la cooperación con la oficina de la alta comisionada, el presente proyecto presenta un insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de su responsabilidad por la situación de los derechos humanos en su territorio reflejada en el informe oral de la alta comisionada el 25 de septiembre», dijo Villegas.
Y agregó: «Instamos a cooperar plenamente con todos los mecanismos y a implementar las recomendaciones hechas por la alta comisionada en sus informes, así como con su llamado a que conduzcan investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones a las violaciones de los derechos humanos, que lleve a los perpetradores ante la Justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas».
Pese al revuelo que habían generado las declaraciones de Raimundi, la postura que el gobierno dejará fijada está en línea con la última intervención de Villegas ante el Consejo, en la que también condenó las violaciones perpetradas por el régimen de Maduro, al manifestar la profunda preocupación oficial.