En un firme llamado a la acción, Argentina, Panamá y Uruguay fijaron posición en la reciente Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), para instar a que se aceleren las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los representantes de estos países subrayaron la necesidad de que el máximo tribunal internacional actúe con determinación, resaltando el papel crucial que desempeña la CPI en la búsqueda de justicia ante tales atrocidades.
Mario Javier Agustín Oyarzábal, embajador argentino en Países Bajos, afirmó que Venezuela “no puede ser considerado un Estado de derecho”, dado que sus principios son “sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada deliberadamente”. Denunció el asedio que enfrentan los asilados en la residencia del embajador argentino en la ciudad de Caracas, actualmente bajo la custodia de Brasil, y exigió acciones decisivas al respecto.
🔵Argentina, Panamá y Uruguay se pronunciaron en contra de la vulneración a los DD. HH. en Venezuela en la Asamblea de los Estados Partes (AEP) de la Corte Penal Internacional (CPI). pic.twitter.com/KmFiy50jPp
— Así Es Noticias (@AsiEsNoticiasVe) December 4, 2024
El embajador panameño, Jorge Corrales, expresó preocupación por la falta de avances en las investigaciones que lleva a cabo la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado venezolano.
“Manifestamos nuestro profundo desacuerdo con la lentitud del fiscal de la corte, a pesar de las evidentes violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Los derechos humanos de los venezolanos tienen el mismo valor que los del resto del mundo”, afirmó Corrales, al solicitar mayor celeridad en el proceso.
Uruguay reafirmó su apoyo a la imparcialidad de la Corte Penal Internacional en relación con los casos vinculados a Venezuela. En este contexto, el canciller colombiano, Luis Murillo, reiteró el compromiso de su país con el Estatuto de Roma y subrayó la importancia de la justicia internacional para prevenir la impunidad.
“La labor de la corte es esencial para evitar que queden impunes los delitos más graves; a menudo, representa la última esperanza para las víctimas que buscan un sistema de justicia imparcial que materialice sus legítimas aspiraciones”, concluyó Murillo.
Con información de VPI Tv.