«Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay manifiestan su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y hacen un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados», dijeron los gobiernos de esos países mediante un comunicado conjunto.
Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar arrestaron a la activista el viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía junto a cinco familiares: su hija, su exesposo, dos hermanos y su padre. El régimen socialista la vincula con una supuesta conspiración que incluía el «asesinato» de Nicolás Maduro y la acusa de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay rechazaron también la decisión del régimen venezolano de expulsar a los funcionarios del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
«Rechazamos las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela», expresa el comunicado, en el que esas naciones exigen «respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del Estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo».
La declaración se dio luego de que el gobierno de Nicolás Maduro anunció este jueves 15 de febrero su decisión de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.