El Arco Minero del Orinoco representa una política esencial para mantener en el poder al régimen de Nicolás Maduro, pues les ha permitido sobrevivir mediante el saqueo del patrimonio de la nación a través de una estructura conformada por delincuencia organizada que es gestionada por la cúpula militar venezolana. Así lo concluyó una investigación realizada por SOS Orinoco.
«El sector minero informal e ilegal constituye actualmente la actividad económica más importante en el estado Bolívar, en torno a la cual se desarrollan otras asociadas a la provisión de bienes y servicios, muchas vinculadas al contrabando, tráfico de drogas, armas, personas, explotación laboral y sexual, entre otras, manejadas por grupos de delincuencia organizada», indicó el informe que abarca estudios en el Arco Minero desde 2016 a febrero de 2021.
El estudio explicó que la minería en el país se encuentra estructurada en varias fases: en un principio, colectivos de mineros informales hacen la primera oleada de extracción de oro con mercurio y métodos gravimétricos; luego, grupos armados irregulares e ilegales son contratados para capturar eficientemente gran parte de esa producción y conducirla a sus propias manos. Por último, la estrategia es establecer numerosas plantas industriales de cianuración (actualmente son al menos 13) absolutamente controladas por agentes del Estado.
«La actividad minera tiene un nuevo actor fundamental: la guerrilla colombiana, que opera bajo acuerdos con el sector político-militar», indicó el informe.
Los expertos explicaron que ante la caída de los ingresos petroleros y el colapso de la industria petrolera, el régimen de Maduro recurrió a la minería, especialmente la de oro, por su rentabilidad, facilidad, baja inversión relativa, inmediatez de la comerciabilidad y poca trazabilidad.
«Esta producción genera pocos ingresos para el Fisco, desviándose la mayoría hacia los actores que ilegal y criminalmente controlan la trama minera», señalaron.