Los abogados del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, presentaron una apelación al Tribunal Supremo de Cabo Verde para que lo transfieran a arresto domiciliario. Así lo informó este martes el equipo legal.
La solicitud, presentada el pasado viernes, se produce tras la decisión dictada por el Tribunal de Apelaciones de Barlavento el pasado 15 de diciembre, en la que se denegaba el arresto domiciliario para Saab, detalló el equipo legal en un comunicado.
Esa decisión del Tribunal de Apelaciones, en opinión de los abogados del empresario, desafía la orden del Tribunal Comunitario de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) del pasado 2 de diciembre.
«La corte regional estableció en su auto del 2 de diciembre de 2020, en el que aprobaba las medidas cautelares solicitadas, que los tribunales de Cabo Verde debían conceder el arresto domiciliario. También debían conceder atención médica por parte de un doctor especializado a elección de Alex Saab de inmediato», recuerda el equipo legal.
En este sentido, consideran que lo más importante de la decisión de la corte de la Cedeao es que quedara en suspenso el proceso de extradición hasta que tuviera lugar la vista principal.
Sin riesgo de fuga
Al presentar la apelación al Supremo de Cabo Verde para reclamar que Saab pase a arresto domiciliario, su equipo legal resaltó la ausencia completa de peligro de fuga. También resaltó el excesivo período de detención provisional que lleva Saab, quien viajaba como enviado especial de Venezuela.
Asimismo, subrayan la inmunidad e inviolabilidad de Alex Saab por sus cargos diplomáticos, tanto el de enviado especial, como por su reciente nombramiento como embajador representante permanente alterno de Venezuela ante la Unión Africana.
Junto con el escrito de apelación, los abogados presentaron dos informes de juristas con reconocido prestigio internacional.
Por un lado, Jorge Miranda, experto en Derecho Constitucional, quien establece que, de acuerdo con la Constitución de Cabo Verde se deduce, sin duda alguna, la naturaleza supranacional de la Cedeao y la vinculación de la República de Cabo Verde a los actos que emanan de ella.
El segundo es el de Rutsel Silvestre Martha y también incide en la naturaleza de la Cedeao como organización internacional supranacional y en que sus reglamentos son válidos en Cabo Verde. Por ello, las decisiones de ese tribunal son vinculantes para Cabo Verde.
Detención por petición de Estados Unidos
A Saab lo detuvieron el pasado 12 de junio cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal. El arresto de Saab se hizo para cumplir una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
Un mes después, la Justicia caboverdiana autorizó su extradición a Estados Unidos, una decisión que su defensa apeló de manera inmediata.
El pasado 4 de enero, el Tribunal de Apelación de Barlavento decidió dar luz verde a la extradición a Estados Unidos de Saab, una decisión que los abogados también impugnaron.
Luego de la detención del presunto testaferro de Maduro, el régimen señaló que Saab es un ciudadano venezolano. Además, señalaron que es un agente que se encontraba en tránsito en Cabo Verde para volver al país.
Las acusaciones contra Saab
Saab, que cumplió 49 años el pasado 21 de diciembre, mantuvo siempre bajo perfil hasta que apareció en la prensa. Eso ocurrió cuando la exfiscal Luisa Ortega lo acusó, en 2017, de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas. Entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobrecostes alimentos para un programa de ayudas del régimen, conocido como CLAP.
Un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con cientos de millones de dólares.
Estados Unidos también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.