Uno de los hechos que más ha llamado la atención de la COP16 de biodiversidad en Cali es la presencia del canciller de Venezuela, Yván Gil. Estuvo en la instalación del segmento de alto nivel el martes 29 de octubre, al que asistieron seis jefes de Estado y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
La inconformidad de varias delegaciones, sobre todo de América Latina, y hasta el cuestionamiento de periodistas internacionales se ha hecho sentir en la Zona Azul, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, el sitio elegido para adelantar las conversaciones más importantes de la cumbre de biodiversidad.
Rueda de prensa de António Guterres en la COP16 Foto: David López. EL TIEMPO
El descrédito del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 29 de julio no ha cesado. Pese a la insistencia de varias organizaciones internacionales, incluida la ONU, para que se mostraran las actas electorales con transparencia, el mandatario se posesionó y continuó gobernando.
Ante lo registrado, este miércoles en la mañana, en rueda de prensa ante medios internacionales, el secretario general António Guterres fue preguntado por el tema. Él respondió que el asunto debe verse como «dos aspectos distintos».
«En primer lugar está la opinión que formamos sobre la forma como ocurrieron las elecciones, la ausencia de una transparencia adecuada y el hecho de que hay distintos gobiernos que aún no han reconocido el gobierno de Venezuela», dijo.
«Y el otro es el mecanismo de funcionamiento de las organizaciones multilaterales y en particular de las COP. En las COP hay una acreditación que indica que quienes están son los que participan, desde que la misión del país los acredite. Esta es una práctica que no podemos cambiar porque es la práctica establecida estatutariamente», agregó.
Al final reafirmó en la postura de Naciones Unidas: «Eso no invalida la opinión que podemos tener sobre lo que pasó en Venezuela».
La postura de Naciones Unidas sobre las elecciones en Venezuela
Casi dos semanas después de las elecciones en Venezuela, el Panel de Expertos de Naciones Unidas publicó un informe preliminar sobre su visita al país: «La gestión de los resultados electorales en Venezuela no cumplió con los estándares de transparencia necesarios para ser creíbles».
En el documento señalaron que «el período preelectoral estuvo marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político. La campaña del gobierno dominó los medios de comunicación estatales, con acceso muy limitado para los candidatos de la oposición. Numerosas restricciones al derecho a postularse para cargos públicos se mantuvieron vigentes para varias figuras políticas prominentes».
“El anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza del resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano”, sostuvo el panel.
A comienzos de octubre, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó que ve motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios.
El informe tiene 158 páginas que abarca el período comprendido entre el primero de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, y señala a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
También asegura que «las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia». Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que «incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad», la Asamblea Nacional, «instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático», o el sistema de justicia, que «siguió operando con falta de independencia».
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