La asamblea nacional constituyente dejó sin efecto el decreto de ese órgano chavista que impedía en 2017 la participación en los comicios de aquellos partidos que no se habían renovado o incumplían ciertos requerimientos.
«Se desaplica el decreto constituyente para la participación en procesos electorales de fecha 27 de diciembre de 2017, quedando exentas las organizaciones políticas sobre las que cursen recursos penales ante el sistema de justicia», reza el acuerdo de la ANC.
El argumento dado por su presidente, Diosdado Cabello, es que buscan promover una «alta participación del pueblo venezolano» en los próximos comicios parlamentarios.
Para aquellas elecciones de gobernadores, organizaciones como Primero Justicia y Acción Democrática, que no habían participado en procesos eleccionarios anteriores, debían legitimarse ante el CNE con las firmas del 0,5% de su militancia inscrita en el registro electoral permanente, si querían acudir.
Ese dictamen queda ahora sin efecto justo cuando AD y PJ, por mandato judicial, quedan en manos de nuevas directivas, a todas luces de líneas favorables a la administración Maduro, y cuya misma suerte podría correr Un Nuevo Tiempo, mientras que Voluntad Popular espera una decisión que puede anularlo como partido político.
Con este nuevo escenario, la participación de la ‘oposición tradicional’ quedaría prácticamente anulada.
Afecta directamente a Voluntad Popular, pues el régimen introdujo el 25 de mayo ante el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo un recurso de interpretación de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada para determinar si el partido opositor Voluntad Popular es una organización terrorista.
Según el régimen, Voluntad Popular promovió y financió «la utilización de grupos de choque para generar violencia, con el reclutamiento de adolescentes y el suministro de armas y explosivos, así como la realización de actos terroristas, entre ellos, ataques incendiarios contra centros de salud y universidades».
Sentencia a partidos
Cabello aseguró que las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre los partidos Acción Democrática y Primero Justicia son para “garantizar que los venezolanos puedan participar en elecciones”.
Afirmó que hay partidos de oposición donde no escogen autoridades desde hace 20 años y otros donde se “creen son una empresa”, por lo que miembros de esas organizaciones acudieron al TSJ para pedir cambios.
“Hay una rebelión dentro de esos partidos, ¿cómo manifiestan esa rebelión?, si hicieran lo que hizo Juan Guaidó se paran en una plaza y se autoproclamarían; pero no; ellos acuden a las instancias constitucionales como el TSJ”.
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