Los diputados de la Asamblea Nacional rechazaron este martes la resolución 0010 aprobada por el régimen de Nicolás Maduro donde autoriza las actividades mineras para la explotación del oro y diamantes en los ríos Caroní, Caura, Aro, Cuchivero, Yuruari y Cuyuní, cuencas vitales para la Amazonía.
«La resolución 0010 autoriza de manera ilegal la explotación de oro y diamante en los principales ríos del estado Bolívar. De igual forma, violenta la normativa de protección ambiental vigente en Venezuela, garantizada por la Constitución , Leyes Orgánicas del Ambiente, Ley de Ordenación del Territorio, Ley de Diversidad Biológica y Ley de aguas», manifestó el diputado Carlos González al iniciar el debate.
En este sentido, el parlamentario aseveró que dicha resolución traerá gravísimas consecuencias al medio ambiente y a los ecosistemas que funcionan en esos ríos.
Además, destacó que la explotación ilegal de tierra en la zona, ha ocasionado el desplazamiento de comunidades ancestrales indígenas y que los sedimentos que se depositen en la represa del Guri provocarán fallas en la energía hidroeléctrica.
Entre tanto, el parlamentario Americo De Grazia sostuvo que el Arco Minero es un «adefesio jurídico creado por el usurpador Nicolás Maduro para saquear las riquezas del país y financiar bandas narcoterroristas».
Ecocidio y desplazamiento de las etnias
«Las FARC, ELN y el Hezbolá han tomado por asalto todos los sectores mineros que existen al sur del Orinoco, en la Amazonia venezolana y en el Delta del Orinoco, ocasionando ecocidio y el desplazamiento de un gran número etnias indígenas», sentenció De Grazia.
«Nuestra lucha no va a parar hasta que podamos frenar no solo la usurpación, si no también este holocausto que representa el Arco Minero de la Muerte», concluyó.
Por último, la diputada María Hernández Del Castillo señaló que solicitaron una investigación para detener este tipo de movimientos ilícitos.
«Hemos solicitado la aprobación de un acuerdo que declare nulidad de esta resolución, alertar a los entes internacionales la explotación ilegal de nuestros parques naturales y se investigue a Gilberto Pinto por estas actividades».
«En medio de esta pandemia, los usurpadores pretenden implementar esta resolución afectando a nuestros pueblos indígenas, para explorar y explotar diversos minerales en nuestros ríos», concluyó Hernández Del Castillo.
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