Tras las deportaciones de venezolanos menores de edad por parte del gobierno de Trinidad y Tobago, quienes fueron separados de sus padres y enviados en bote a Venezuela el domingo, la Asamblea Nacional ordenó este martes la creación de una comisión para investigar a fondo estos hechos.
Durante la sesión ordinaria, el Parlamento indicó que denunciará los sucedido en instancias internacionales y elevarán una queja a la mandataria de ese país, Paula Mae Weekesy, y su primer ministro, Keith Rowley.
El presidente interino de la República, Juan Guiadó, indicó que están en contacto con el Parlamento trinitario; y anunció que la Comisión Permanente de Política Exterior suscribió comunicaciones a los organismos competentes donde se manifiesta la urgente necesidad de hacer velar y respetar los derechos fundamentales de los migrantes y refugiados venezolanos.
“Los venezolanos deben ser tratados como refugiados en todo el hemisferio”, dijo la diputada Gaby Arellano, presidenta de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos.
El diputado Carlos Valero instó a la comunidad internacional a alzar su voz en contra de los tratos crueles y las violaciones de derechos humanos que sufren los venezolanos en Trinidad y Tobago.
Mientras que la parlamentaria Karin Salanova recriminó al gobierno trinitario por incumplir el derecho internacional sobre el Principio de No Devolución que prohíbe a los Estados expulsar de su jurisdicción a las personas, independientemente de su nacionalidad o cualquier otra condición.
Pidió ejercer acciones inmediatas para garantizar la protección y bienestar de los niños y adolescentes migrantes venezolanos: aseguró que es una obligación de todos los países y aun más si son firmantes de la Convención del Derecho del Niño.
La Asamblea Nacional emitirá notas de protesta y presentará la denuncia ante la OEA, la ONU y otros organismos internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos de los refugiados.
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