La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo en rechazó a los hechos de violencia, tortura y tratos crueles contra los ciudadanos que han sido detenidos arbitrariamente durante las protestas de las últimas semanas por las fallas de los servicios públicos en el estado Lara.
Destacó que las autoridades estadales y municipales han asumido inconstitucionalmente competencias respecto a los límites del libre tránsito y el horario comercial, lo cual ha generado un caos normativo.
Exigió la inmediata liberación de todos los privados de libertad por ejercer su derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, especialmente de Luis Pérez y Humberto Carreño Pérez, dadas sus condiciones de salud.
Además, solicitó medida cautelar de protección para los habitantes de la Urbanización Antonio José de Sucre de Barquisimeto.
Hasta 12 horas diarias sin luz pasan los habitantes de Barquisimeto
Alfonso Marquina, diputado por el estado Lara, destacó que los larenses sufren cortes de luz de entre 8, 10 y 12 horas diarias. Además, tampoco cuentan con servicio de agua potable, gas y gasolina.
«La respuesta que han recibido los larenses del gobierno nacional y regional es la emisión de un decreto de suspensión de garantías, una declaración de estado de excepción, que prohíbe al ciudadano a circular por las calles de la ciudad; esto ha llevado a más de 40 detenciones», destacó Marquina.
Marquina precisó que a los 25 jóvenes que fueron detenidos, incluidos 2 adolescentes, por protestar y tocar cacerolas, les imputaron delitos mayores como asociación para delinquir, instigación pública y detención de objetos incendiarios.
«La juez séptima de Control del estado Lara, Ana Tobar, había dictado libertad condicional para los detenidos, pero recibió una contraorden superior que la obligó a cambiar su sentencia; por lo tanto, quedaban privados de libertad, sin importarle que entre los detenidos había dos jóvenes, Humberto Carreño. que sufre de escoliosis severas y es operado de la cadera, tiene 21 tornillos en su columna, y Luis Pérez, quien tiene síndrome de Down. Tienen más de 12 días presos. ¿Qué peligro puede ser para la dictadura un joven con síndrome de Down?», preguntó el diputado Marquina.
Torturados
El diputado por el estado Lara Guillermo Palacios denunció que los jóvenes presos han sido torturados.
Afirmó que en el municipio Torres la juez ordenó que llevaran a los detenidos a un forense y todavía no los han llevado, porque a juicio de los funcionarios eso no es necesario.
«Quieren evitar que se revele que los detenidos han sido torturados y vejados», indicó Palacios.
Por su parte, la diputada Ana Salas, hizo referencia al caso de Giovanni Mesa.
«Este joven sufrió convulsiones en plena audiencia, lo que obligó al juez a ordenar su traslado al Hospital Central de Barquisimeto, pero ante la precariedad del centro de salud, fue trasladado a una clínica privada, donde le detectaron que tenía cinco costillas fracturadas. Con Giovanni están detenidos cuatro jóvenes más de la urbanización Sucre», señaló la parlamentaria Salas.