La Asamblea Nacional electa en 2015 condenó la confiscación a la sede del diario El Nacional ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y ejecutado el 14 de mayo.
En una sesión por Zoom, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que se solicitó iniciar un procedimiento de investigación sobre la «aparente violación de los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la información oportuna; contenidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
La investigación fue ordenada a la Comisión Permanente del Poder Popular y de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional.
Denuncia internacional por el caso El Nacional
Asimismo acordó oficiar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a «objeto de iniciar las investigaciones a que haya lugar sobre la causa judicial», y se compromete a realizar todas las acciones pertinentes en conjunto con el representante permanente de Venezuela designado por el gobierno interino ante la Organización de Estados Americanos (OEA),Gustavo Tarre Briceño, para denunciar todos los abusos contra la libertad de expresión que hay en Venezuela.
Durante la sesión, el presidente de la comisión encargada de invertigar, Jony Rahal indicó que el país y el mundo entero fue testigo de como la «dictadura de Maduro asaltó las instalaciones del diario El Nacional. Se robaron las instalaciones del Nacional, un periódico que tiene más de 77 años al servicio de la libertad de expresión y la democracia en Venezuela”.
Indicó que “esbirros de la dictadura” ejecutaron una supuesta medida cautelar de embargo y una demanda por daños morales, a favor de “un inmoral como lo es Diosdado Cabello”.
Aseveró que con esa acción demostraron una vez más el abuso del poder, contraviniendo además, con el Código Procesal Civil donde establece que los embargos deben ejecutarse desde la 6 de la mañana hasta la 6 de la tarde, “pero ellos fueron en la noche, actuando como lo que son, unos delincuentes procediendo al margen de las leyes”.